La estrategia de seguridad carcelaria impulsada por la administración central choca de manera frontal con los criterios que rigen en territorio bonaerense, abriendo un nuevo frente de debate en torno al uso de teléfonos celulares por parte de los internos alojados en establecimientos penitenciarios.

Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación se puso en marcha formalmente un programa específico orientado a la firma de convenios de adhesión con los distritos provinciales. El objetivo central de la iniciativa consiste en replicar el sistema de bloqueo de señales e IMEI que ya opera en el Servicio Penitenciario Federal, bajo la premisa de cortar el vínculo entre las celdas y la criminalidad exterior.

Sin embargo, la respuesta del gabinete de Axel Kicillof no tardó en llegar. Voceros del área de seguridad provincial relativizaron el alcance de la medida y recordaron que la realidad del sistema penitenciario bonaerense difiere sustancialmente del ámbito federal, donde la cartera nacional asegura haber erradicado por completo los aparatos clandestinos.

El factor judicial y el dilema normativo

Uno de los ejes centrales de la controversia pasa por la jurisdicción sobre los detenidos. Lejos de ser una decisión puramente administrativa del Poder Ejecutivo, el acceso a la tecnología en las cárceles bonaerenses se encuentra amparado por fallos y normativas vigentes:

  • Autonomía de los magistrados: Desde la Provincia remarcan que los reclusos responden estrictamente a los jueces de ejecución penal, quienes suelen habilitar el contacto telefónico en el marco de sus resoluciones.
  • Criterio de resocialización: Sectores académicos y organismos de derechos humanos, como la Comisión Provincial por la Memoria, sostienen que los dispositivos cumplen un rol clave para la educación y el mantenimiento de vínculos familiares, factores que teóricamente reducen la reincidencia.
  • Debate legislativo: En la Legislatura bonaerense existen diversos proyectos orientados a regular o restringir la señal, aunque por el momento ninguno ha logrado consolidar los consensos necesarios para su aprobación definitiva.

De este modo, mientras la Nación presiona para avanzar hacia un esquema de aislamiento tecnológico total, la Provincia insiste en que cualquier modificación profunda requiere tanto de una actualización legislativa como de un replanteo integral por parte del sistema judicial.