A dos décadas de la tragedia del colegio Ecos, la crisis de la seguridad vial en Argentina mantiene cifras alarmantes que se resisten a la baja estructural. Los datos más recientes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial indican que durante el primer semestre de este año se registraron 1.938 muertes en 1.587 siniestros fatales, lo que arroja un promedio trágico de casi once víctimas diarias en todo el territorio nacional.
El registro representa una disminución de apenas el 2,8 por ciento en la comparación interanual y evidencia un estancamiento frente a los números del periodo previo. Aunque el país se alejó de los picos superiores a las 5.500 muertes anuales contabilizados a comienzos de la década pasada, la tendencia descendente perdió fuerza y los índices actuales confirman que el problema estructural sigue latente en las rutas y los centros urbanos.
El peso de la vulnerabilidad en dos ruedas y el estado de los caminos
Uno de los factores determinantes en la estadística es la alta participación de motocicletas en los siniestros viales. Durante los primeros seis meses del año, el 48 por ciento de las personas que perdieron la vida circulaban en moto. El perfil de las víctimas se mantiene invariable a lo largo de los años: varones jóvenes, mayoritariamente conductores, que concentran el sector más expuesto de la movilidad cotidiana ante la falta de infraestructura segura y controles eficientes.
A esta situación se suma el estado de los corredores viales, donde ocurrió el 52 por ciento de los hechos fatales durante el semestre analizado, divididos de manera casi equitativa entre jurisdicciones nacionales y provinciales. Organismos técnicos advierten sobre las consecuencias de demorar las inversiones en mantenimiento preventivo, en medio de un nuevo esquema de concesiones impulsado por la administración central que transfiere la operación a manos privadas mientras una parte importante del presupuesto vial permanece sin ejecución.
La infraestructura se destruye y deteriora muy rápido cuando no se invierte adecuadamente, y en materia de rutas lo barato sale caro tanto para la seguridad de los ciudadanos como para las cuentas públicas
A veinte años de aquel choque en la Ruta Nacional 11 que costó la vida a estudiantes y docentes, las organizaciones sociales recuerdan que la discusión excede la estadística fría. La persistencia de cerca de cuatro mil muertes anuales interpela la capacidad de control del Estado, la inversión en obras públicas y la protección efectiva de los usuarios más vulnerables del sistema de tránsito.
