El sistema de protección civil de la Provincia de Buenos Aires atraviesa una etapa crucial en el debate legislativo a partir de la presentación de un proyecto de ley que busca transformar de raíz el esquema de financiamiento de las Asociaciones de Bomberos Voluntarios. La iniciativa, motorizada en la Legislatura bonaerense, pretende actualizar la normativa vigente para adaptarla a las demandas operativas y a la compleja realidad inflacionaria que enfrentan a diario los distintos destacamentos del territorio provincial.

La propuesta normativa surge tras una serie de mesas de trabajo y encuentros con las Federaciones que nuclean a las instituciones del sector. Este acercamiento territorial permitió plasmar en el texto legislativo las urgencias cotidianas de los cuerpos activos, quienes desde hace años advierten sobre el desfasaje entre los costos operativos de mantenimiento de unidades, equipamiento de protección personal y los ingresos corrientes que perciben mediante los fondos provinciales.

Un esquema escalonado para garantizar recursos sin descuidar las cuentas públicas

El núcleo central de la reforma proyectada se concentra en la eliminación progresiva de los topes de financiamiento vigentes. Para lograrlo, el texto legislativo diseña un esquema gradual de asignación sobre la recaudación del Impuesto Inmobiliario. El plan prevé arrancar con un porcentaje del 1,5% durante el año 2027, escalar al 2% en 2028 y consolidar un 3% a partir de 2029 en adelante. La diagramación de esta escala temporal responde a la necesidad de otorgar previsibilidad fiscal al Estado provincial y, en simultáneo, asegurar estabilidad presupuestaria a largo plazo para cada cuartel.

Además de la actualización en los porcentajes de recaudación, el proyecto introduce modificaciones sustanciales en los criterios de distribución de los fondos acumulados. Hasta el momento, las discusiones en torno al reparto de recursos generaban asimetrías entre las entidades ubicadas en grandes centros urbanos y aquellas que operan en regiones rurales o de baja densidad demográfica. Para zanjar esta disputa histórica, la normativa plantea un sistema mixto que combina una asignación equitativa del cincuenta por ciento en partes iguales, mientras que el restante cincuenta por ciento se distribuirá en función de variables objetivas vinculadas a la superficie territorial y la cantidad de habitantes que cubre cada jurisdicción.

Con este nuevo paradigma de distribución, los impulsores de la medida buscan equilibrar la balanza entre los destacamentos con alta densidad de intervenciones urbanas y aquellos puestos avanzados ubicados en zonas de difícil acceso, donde las distancias y la extensión geográfica demandan mayores costos logísticos. La discusión legislativa continuará en las comisiones correspondientes, donde se espera la convocatoria a referentes del sector y funcionarios del Ejecutivo provincial para evaluar el impacto fiscal definitivo de la medida de cara al próximo periodo parlamentario.