Un nuevo informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) puso bajo la lupa el manejo de los fondos nacionales destinados a la urbanización de barrios populares, revelando una extensa serie de deficiencias en la administración, el seguimiento y el control de una de las políticas públicas con mayor impacto social de la última década. El documento, que abarca el período comprendido entre enero de 2022 y septiembre de 2024, expone las complejidades y tensiones administrativas que atravesaron tanto la gestión anterior como el inicio de la actual administración nacional.
El análisis oficial comprendió el paso de distintas conducciones políticas por el área encargada de la integración socio urbana, un sector que durante la administración pasada estuvo vinculado a organizaciones sociales y movimientos populares, y que posteriormente pasó a depender de la órbita económica bajo los lineamientos del actual Gobierno. A lo largo del trabajo técnico, el organismo de control identificó un total de dieciocho hallazgos principales, entre los que sobresalen problemas en la selección de cooperativas, la realización de desembolsos económicos a pesar del vencimiento de pólizas de seguro y significativos retrasos en la concreción física de los proyectos.
Entre el déficit de controles y la paralización presupuestaria
Uno de los puntos más sensibles señalados por la auditoría radica en los mecanismos utilizados para distribuir los recursos públicos entre las entidades encargadas de ejecutar los proyectos en el territorio. El organismo observó un margen de discrecionalidad ante la ausencia o insuficiencia de criterios de elegibilidad claramente establecidos, una cuestión clave si se considera que una proporción considerable de las intervenciones quedó en manos de cooperativas de trabajo. Paralelamente, los auditores detectaron que más de la mitad de los convenios examinados presentaba demoras concretas en su ejecución, afectando directamente a zonas incluidas en el Registro Nacional de Barrios Populares que carecen de infraestructura básica, agua corriente y saneamiento.
La situación, sin embargo, experimentó un giro drástico con el cambio de gestión gubernamental. Si bien el programa había registrado altos niveles de ejecución teórica durante su etapa de mayor expansión, los datos correspondientes al primer tramo de la nueva administración reflejaron una caída abrupta que derivó en cifras mínimas de ejecución presupuestaria y una virtual paralización de las obras físicas en curso. Programas específicos de asistencia habitacional también sufrieron cortocircuitos operativos, condicionados en ocasiones por brechas tecnológicas que dificultaban los mecanismos de validación digital exigidos a los sectores más vulnerables de la población.
El cuadro de situación descripto por el organismo de control dibuja un escenario complejo donde confluyeron falencias estructurales en los controles estatales durante los años de mayor flujo de recursos, seguidas por un freno generalizado de las políticas de infraestructura habitacional. Con miles de familias pendientes de soluciones habitacionales definitivas, el documento técnico vuelve a instalar en el centro del debate público la necesidad de rediscutir los estándares de transparencia, eficiencia y continuidad que deben regir sobre los recursos destinados a atender las urgencias sociales más extremas del país.
