A una década del asesinato de Lucía Pérez, la memoria y el pedido de justicia continúan marcando la agenda de los movimientos de mujeres y de los familiares que sostienen un reclamo ininterrumpido. Marta Montero y Guillermo Pérez encabezaron una conferencia de prensa para dar inicio a una semana de actividades destinadas a visibilizar el estado actual de la causa, mantener viva la figura de su hija y exigir respuestas definitivas a los tribunales.
El caso, ocurrido en Mar del Plata pero con profundo impacto en todo el país y en las organizaciones sociales de la región, generó desde sus inicios una bisagra en las movilizaciones contra la violencia de género. Aquel crimen estuvo vinculado al primer Paro Nacional de Mujeres, transformando el dolor familiar en un símbolo colectivo de resistencia. A diez años de aquellos hechos, la familia insiste en que el proceso judicial sigue atravesado por demoras, contradicciones y decisiones institucionales que revictimizan a quienes esperan una resolución firme.
Las discusiones en torno a la calificación legal
Uno de los ejes centrales de la conferencia giró en torno al debate jurídico que aún se dirime en la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires sobre la calificación del delito. Los padres de Lucía cuestionaron con dureza que, tras una década de expedientes y revisiones, todavía se discuta si corresponde tipificar el hecho como femicidio u homicidio simple, una distinción que consideran crucial no solo para su familia sino para el conjunto de la jurisprudencia nacional.
Durante la presentación, los familiares señalaron que la violencia extrema y el abuso acreditados en el expediente no dejan margen para interpretaciones ambivalentes. Advertir sobre las consecuencias de retroceder en la aplicación de esta figura legal implica reconocer que cualquier modificación en los criterios judiciales debilita las herramientas de protección para las mujeres. Asimismo, recordaron la situación procesal de los condenados, remarcando que la falta de condenas firmes y homogéneas refleja las deficiencias estructurales del sistema de administración de justicia.
Una semana de memoria y debate público
Para sostener el reclamo frente al desgaste temporal, la familia organizó una serie de encuentros que se extienden durante toda la semana en distintos espacios educativos y comunitarios. Las actividades incluyen proyecciones de trabajos audiovisuales elaborados por estudiantes, debates abiertos sobre la situación de los femicidios en Argentina, conversatorios en el ámbito universitario junto a referentes jurídicos y culturales, y la realización de intervenciones artísticas para consolidar los símbolos de la lucha.
El cierre de las jornadas está previsto con una concentración frente a los tribunales provinciales, el escenario institucional señalado por los padres como el ámbito donde deben otorgarse las respuestas pendientes. A diez años de distancia, el pedido se sostiene en la convicción de que la visibilidad pública constituye la principal barrera contra la impunidad y el olvido institucional.
