La investigación judicial que sacude al ámbito de la salud mental en la región sumó un capítulo clave en las últimas horas, luego de que la mujer señalada por usurpación de títulos y ejercicio ilegal diera su versión pública de los hechos. Tamara Roh, de 37 años, quedó en el centro de la escena tras los operativos realizados por la justicia penal y la posterior denuncia formal presentada por el Colegio de Psicólogos y Psicólogas de la provincia de Buenos Aires, un organismo que advierte sistemáticamente sobre los riesgos sanitarios de estas prácticas.

El expediente comenzó a moverse con fuerza a fines de septiembre, cuando una serie de elementos secuestrados en un consultorio céntrico y en una vivienda de la localidad de Gonnet encendieron las alarmas de los investigadores. Entre la documentación incautada figuraban sellos, historiales de pacientes, diplomas y agendas que derivaron en un operativo de la Dirección Departamental de Investigaciones y en su posterior imputación formal por los delitos de ejercicio ilegal de la profesión en concurso ideal con usurpación de títulos y honores, estafa y falsificación de documentación.

La palabra de la acusada y el límite entre disciplinas

Lejos de mantenerse en silencio tras recuperar la libertad para continuar el proceso sin prisión preventiva, Roh brindó declaraciones televisivas donde intentó despegar su labor de la práctica clínica tradicional. Según su testimonio, la formación que posee se enmarca dentro de la denominada psicología social clínica, una rama que vincula al individuo con su entorno familiar y comunitario, y aseguró que su labor cotidiana nunca incluyó diagnósticos médicos o suministro de fármacos.

Me citan de la DDI y me dicen que estoy detenida. Yo no entendía qué pasaba, totalmente angustiada. No cometí ningún delito, no hice nada ilegal. Yo no curo, no diagnostico ni medico.

Durante su descargo, la imputada insistió en que cursó estudios durante cinco años y resumió su actividad bajo la premisa de que no se trata de una conducta penada por la ley, sino de una disciplina innovadora dentro del abordaje de los vínculos humanos. Asimismo, reconoció que la causa judicial alteró drásticamente su rutina cotidiana, provocando la interrupción de las sesiones que brindaba y generando desconcierto entre las personas que concurrían a su espacio de atención.

Mientras la Unidad Funcional de Instrucción N° 15 continúa recabando pruebas y peritando los dispositivos electrónicos secuestrados en los allanamientos, el debate sobre los límites legales en el acompañamiento terapéutico y la incumbencia de los títulos habilitantes vuelve a quedar en primer plano. Desde el Colegio profesional remarcan la necesidad de corroborar la matrícula habilitante en los registros oficiales antes de iniciar cualquier tratamiento, un requisito indispensable para resguardar la salud pública en el distrito.