La persistencia del dolor y la exigencia de respuestas institucionales volvieron a concentrarse frente a los tribunales, donde familiares y allegados de Lucía Pérez conmemoraron una década desde el trágico suceso que reconfiguró la agenda sobre la violencia de género en el país. Bajo condiciones climáticas adversas, Guillermo Pérez y Marta Montero encabezaron una nueva manifestación pública para visibilizar lo que consideran una cadena de desaciertos judiciales que continúa negando la calificación de femicidio en la causa. La demanda central apunta a revisar los criterios adoptados por los magistrados en las últimas instancias de apelación, donde se ratificaron condenas vinculadas a la comercialización de estupefacientes pero se apartó la figura penal específica por razones de género, un aspecto que mantiene el expediente abierto en la Corte provincial.

El eje central de los cuestionamientos recae sobre el fallo emitido meses atrás que unificó responsabilidades por narcotráfico y abuso sexual agravado, desestimando la calificación de femicidio sostenida por la querella desde el inicio del proceso judicial. Durante la concentración, los padres de la joven señalaron que el andamiaje legal vigente parece ofrecer mayores garantías a quienes operan en el negocio de la droga que a las víctimas de crímenes aberrantes. En paralelo, los reclamos trascendieron el ámbito estrictamente judicial para instalarse en el plano institucional local, con gestiones recientes ante cuerpos deliberativos para repudiar la presencia de condenados en zonas residenciales, reflejando el temor y la desconfianza ciudadana frente a la convivencia con redes delictivas en los barrios.

El debate sobre el rol del Estado y las fallas estructurales

La dimensión social del caso expone, a diez años de distancia, discusiones profundas sobre las falencias en la prevención y la contención institucional frente a las violencias que afectan a las infancias y adolescencias. Desde la perspectiva de la familia, la vulnerabilidad en los entornos educativos y comunitarios facilitó el accionar de redes que operan con impunidad, evidenciando la ausencia de respuestas tempranas por parte de los organismos estatales. Este escenario mantiene abierto un debate nacional sobre la necesidad de transformar los criterios de evaluación en la administración de justicia, incluyendo propuestas orientadas a revisar las responsabilidades funcionales de los magistrados ante fallos contradictorios. Mientras el expediente aguarda definiciones definitivas en la máxima instancia judicial bonaerense, la figura de Lucía permanece como un símbolo persistente de la lucha contra la impunidad y la demanda colectiva de transformaciones estructurales en la persecución penal de los delitos más graves.