El sistema de salud privado y los consultorios externos en La Plata atraviesan un escenario de marcada informalidad económica donde los pacientes se ven obligados a abonar sumas que ya alcanzan los 35.000 pesos en concepto de Bono de Ejercicio Profesional, conocido en el sector como BEP. Este adicional, exigido por diversos especialistas antes de concretar la atención, carece de un valor unificado y de un marco de fiscalización estatal que garantice la transparencia en la facturación, lo que traslada todo el peso financiero y la incertidumbre directamente sobre los usuarios de obras sociales y prepagas.
La operatoria cotidiana en las recepciones de los centros médicos locales expone una dinámica por fuera de los canales formales de cobro. Los pacientes reportan que la exigencia del pago se realiza de manera imperativa al momento de acreditar los datos personales, muchas veces mediante transferencias a cuentas personales de los profesionales o en efectivo, sin la emisión posterior de una factura o recibo oficial. Esta situación no solo genera fricciones y momentos de incomodidad en las salas de espera, sino que imposibilita a los afiliados gestionar cualquier tipo de reintegro posterior a través de sus coberturas o coseguros secundarios.
La escalada de precios y la falta de tarifas de referencia en la región
En pocos meses, los valores experimentaron un incremento significativo que superó cualquier pauta inflacionaria promedio. Mientras que a mediados de año las exigencias rondaban los 25.000 pesos, en la actualidad las cifras trepan hasta los 35.000 pesos según la especialidad, afectando consultas de cardiología, otorrinolaringología, dermatología y pediatría. Al no existir un nomenclador unificado ni autoridades que regulen estos montos, cada sociedad médica o profesional fija el arancel de manera unilateral, fragmentando el acceso a la salud y convirtiendo la atención en un servicio condicionado por la capacidad de pago inmediata del paciente.
Este fenómeno encuentra sus raíces en transformaciones previas dentro del sistema sanitario provincial. El antecedente directo se remonta a los cambios implementados en la relación entre las obras sociales y las asociaciones médicas, particularmente tras las modificaciones en los mecanismos de copago. Con el paso del tiempo, las agrupaciones de especialistas impulsaron este formato para compensar los desfasajes en los honorarios que perciben por parte de las entidades de salud, trasladando el costo operativo de los consultorios directamente al bolsillo de los afiliados.
El trasfondo institucional también cuenta con intentos previos de ordenamiento que no prosperaron de manera definitiva. Años atrás, entidades como el Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires intentaron formalizar cobros similares bajo denominaciones de gastos complementarios, medidas que enfrentaron reparos y retrocesos a partir de intervenciones de carteras ministeriales y organismos de control. Sin embargo, en la práctica cotidiana de los consultorios platenses, los aranceles particulares se consolidaron como un componente ineludible para quienes necesitan sostener sus tratamientos o chequeos periódicos, profundizando la brecha de accesibilidad en el sector privado.
