Un informe de fiscalización centrado en el manejo de fondos públicos y prestaciones sociales en el extremo sur del país expuso severas fallas operativas y burocráticas. La auditoría llevada adelante por los organismos de control sobre el Régimen Único de Pensiones Especiales reveló documentación incompleta, sistemas informáticos fragmentados y una marcada incapacidad para determinar con precisión las deudas cruzadas entre las distintas dependencias estatales y la obra social provincial.
El alcance de la revisión abarcó tanto al Poder Ejecutivo como a la Obra Social del Estado Fueguino, arrojando un panorama donde predominan las normas dispersas, los procedimientos sin formalizar y la ausencia de conciliaciones periódicas. Pese a que el registro oficial contabilizaba un total de 834 beneficiarios activos, el relevamiento económico evidenció que la deuda histórica acumulada hasta el cierre del período fiscal continuaba sin poder cuantificarse de manera fehaciente por parte de las autoridades.
Sanciones en el gabinete y resistencia a los plazos
Las conclusiones del proceso de fiscalización derivaron en consecuencias políticas directas para la administración del gobernador Gustavo Melella. El Tribunal de Cuentas dictaminó un apercibimiento formal contra la ministra de Bienestar Ciudadano y Justicia, María Emilia Lucía Rossi, tras constatar la omisión en la presentación de un plan de acción correctivo dentro del plazo estipulado por la normativa vigente.
El organismo de control estableció que el incumplimiento de los plazos administrativos obstaculiza las funciones de fiscalización, lo que motivó la sanción formal y la exigencia de una respuesta inmediata bajo apercibimiento de nuevas penalidades económicas.
Paralelamente, la cartera sanitaria provincial enfrentó restricciones similares cuando el Tribunal rechazó un pedido formal presentado para extender por treinta días hábiles el plazo de respuesta a los requerimientos pendientes. Ante este escenario, la Contaduría General debió formalizar un plan de fortalecimiento del control interno orientado a ordenar los circuitos de pagos, la facturación hospitalaria y la cancelación de acreencias cruzadas.
La resolución de los expedientes deja abierta una exigencia de cumplimiento estricto para el Ejecutivo provincial, que deberá demostrar en los próximos meses la efectiva corrección de los circuitos administrativos para garantizar la transparencia en la administración de los fondos destinados a la cobertura social.
