La investigación judicial que pesa sobre el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, sumó un movimiento clave en los tribunales federales de Comodoro Py. El fiscal Gerardo Pollicita formalizó una serie de medidas que incluyen el pedido de un exhorto internacional a Suiza para dilucidar el origen de fondos girados por la máxima entidad del fútbol mundial entre 2018 y 2020, periodo en el cual el dirigente combinaba su rol deportivo con funciones en la administración pública.

El requerimiento apunta directamente a la sede de la FIFA en Zúrich para que precise los motivos de tres transferencias que alcanzaron un total de 189.000 dólares. De acuerdo con los registros bancarios detectados en el expediente, los giros se acreditaron en una caja de ahorros abierta en la Argentina a nombre del dirigente, sin que estos montos figuraran inicialmente en las declaraciones juradas presentadas ante los organismos de control fiscal.

Una trama de ingresos no declarados y medidas sobre el entorno familiar

La pesquisa, que se originó a partir de una denuncia presentada meses atrás, examina la evolución patrimonial de Tapia en su carácter de funcionario, rol que ejerció formalmente en el ámbito de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE). En este marco, el fiscal también requirió levantar el secreto fiscal, bursátil y bancario de su exesposa, Paola Moyano, al constatar que fue incorporada como firmante en cuentas bancarias de manera simultánea a un depósito millonario en moneda extranjera.

"La fiscalía solicitó librar un exhorto internacional a las autoridades de la Confederación Suiza a fin de que la FIFA informe el concepto y la causa de las transferencias cursadas", detallaron fuentes judiciales involucradas en el expediente que instruye el juez Ariel Lijo.

Las medidas solicitadas por el ministerio público fiscal abarcan además pedidos de informes al Sindicato de Choferes de Camiones sobre acreditaciones salariales detectadas en cuentas del dirigente deportivo, así como requerimientos a la propia AFA para que entregue documentación vinculada al uso de tarjetas de crédito corporativas y viáticos liquidados en los últimos años. Con estas diligencias, la instrucción busca determinar si existieron ingresos extrapresupuestarios incompatibles con la normativa vigente para funcionarios públicos y dirigentes de entidades deportivas.