La investigación judicial que pesa sobre el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, sumó un nuevo capítulo de alta tensión institucional y política. El fiscal federal Gerardo Pollicita formalizó un pedido de quince medidas de prueba orientadas a esclarecer el origen de un marcado incremento patrimonial detectado en las declaraciones juradas del dirigente deportivo, un proceso que pone bajo la lupa los flujos financieros procedentes tanto de estructuras sindicales como de organismos rectores del fútbol internacional.

El eje central de la ampliación probatoria se focaliza en un conjunto de transacciones económicas y bancarias registradas en los últimos años, periodo coincidente con el ejercicio de funciones públicas por parte de Tapia en el ámbito estatal metropolitano. Entre las diligencias requeridas al juez federal Ariel Lijo figura la solicitud de información detallada a la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) mediante un exhorto diplomático, con el propósito de determinar los motivos y la legitimidad de sumas de dinero giradas directamente a cuentas vinculadas al dirigente sin haber sido reflejadas en sus presentaciones fiscales obligatorias.

Vínculos sindicales y el rol del entorno familiar en la mira

La lupa de la fiscalía también alcanza la articulación financiera entre el patrimonio del titular afista y el Sindicato de Choferes de Camiones. Los registros bancarios incorporados al expediente revelan múltiples acreditaciones monetarias canalizadas desde la organización gremial hacia cuentas de titularidad del dirigente durante un lapso determinado, transacciones que ahora demandan precisiones documentales sobre legajos laborales, contraprestaciones de servicios y formalidades administrativas que justifiquen dichos desembolsos en paralelo a los ingresos declarados oficialmente.

Asimismo, la investigación requirió el levantamiento del secreto fiscal, bancario y financiero de su expareja, Paola Moyano, tras detectarse su incorporación como cotitular en productos bancarios y cajas de seguridad en fechas que coincidieron con operaciones de gran envergadura en efectivo. Los investigadores buscan reconstruir la trazabilidad de los fondos utilizados para la adquisición de bienes registrables, vehículos de alta gama y operaciones inmobiliarias canalizadas a través de notarías, elementos considerados sustanciales para dilucidar la congruencia entre el patrimonio expuesto y las fuentes reales de financiamiento.

Proyección del escenario judicial y administrativo

El avance de estas medidas procesales se nutre de la compulsa de expedientes previos radicados en distintos fueros, buscando consolidar una base documental unificada sobre la situación fiscal y patrimonial del dirigente. Paralelamente, los requerimientos se extienden a organismos de contralor tributario y oficinas de integridad pública para constatar posibles incorporaciones a regímenes normativos de blanqueo de capitales o regularización patrimonial, configurando un escenario de creciente presión jurídica que marcará la agenda institucional del deporte y su articulación con los poderes del Estado en los próximos meses.