La Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores intensificó las actuaciones administrativas contra las principales billeteras virtuales y entidades financieras digitales que operan en territorio bonaerense. El organismo gubernamental puso la lupa sobre los mecanismos de liquidación de deudas y las metodologías de comunicación aplicadas por agencias de cobranzas tercerizadas, en un escenario marcado por el incremento sostenido de la morosidad en el sector.

Las medidas se originaron a partir del relevamiento de miles de denuncias formalizadas por usuarios que manifestaron haber sufrido prácticas abusivas al momento de afrontar atrasos en sus compromisos financieros. Entre las firmas notificadas se encuentran plataformas de masiva penetración en el mercado cotidiano como Mercado Pago, Ualá, Naranja Digital, Personal Pay, Brubank y Cencosud, las cuales debieron presentar sus respectivos descargos formales ante la administración provincial.

Las estrategias de presión y el rol de los terceros

El director provincial del área, Luciano Blanco, advirtió sobre la consolidación de un patrón sistemático de hostigamiento que excede los límites legales permitidos para la recuperación de acreencias. Según detalló el funcionario, el conflicto principal no radica en la existencia de la obligación comercial en sí misma, sino en la vulneración sistemática del principio de trato digno que ampara a cualquier ciudadano, incluso en situación de mora.

Uno puede atrasarse en una deuda. Uno no pierde sus derechos por ser un deudor, sostuvo el funcionario al puntualizar que las agencias de cobranza suelen apelar a maniobras de intimidación que involucran al entorno familiar y laboral de los afectados.

De acuerdo con las constancias acumuladas en los expedientes, los reclamos más frecuentes apuntan a comunicaciones reiteradas hacia familiares directos, adultos mayores, menores de edad y empleadores. En muchos casos, los mensajes y llamadas son recibidos por personas que no mantienen ningún vínculo contractual con la entidad acreedora, configurando una intromisión indebida en la privacidad de terceros ajenos a la transacción original.

Otro de los ejes centrales de la investigación apunta a la opacidad en la composición de los montos reclamados. Desde el organismo provincial se enfatizó que los consumidores tienen el derecho irrenunciable de exigir una discriminación precisa y detallada sobre cómo se llega a la cifra final exigida por los gabinetes de cobranza, diferenciando capital, intereses punitorios, punitorios y eventuales honorarios de gestión.

Ante la proliferación de esta clase de conflictos, las autoridades provinciales recordaron que se encuentran habilitados canales formales de asesoramiento y recepción de denuncias a través de la línea gratuita 148 y las plataformas digitales institucionales, instando a los usuarios a recopilar registros gráficos y documentales de cada comunicación intimidatoria para robustecer los sumarios administrativos en curso.