El sistema tributario nacional atraviesa semanas de fuerte tensión operativa debido al desfasaje entre los tiempos legislativos y los plazos administrativos que fija la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Con el vencimiento de la declaración jurada del impuesto a las Ganancias previsto para mediados de octubre, las asociaciones profesionales y estudios contables intensificaron sus reclamos para obtener una prórroga que descomprima la situación de miles de contribuyentes en todo el país, incluyendo a una gran cantidad de platenses que operan bajo estas normativas.

La controversia surge a raíz de la sanción de la Ley de Inocencia Fiscal II, una norma orientada a facilitar la exteriorización de ahorros no declarados y a simplificar el cumplimiento fiscal para personas humanas y sucesiones indivisas. Sin embargo, la demora en su promulgación oficial y en la posterior publicación del decreto reglamentario generó un cuello de botella. Los especialistas advierten que las modificaciones introducidas —como la eliminación de topes de ingresos y patrimonio para acceder al régimen simplificado— exigen cambios estructurales en los aplicativos web que todavía no se encuentran operativos.

Las claves de la medida y el reclamo sectorial

La acumulación de feriados y la falta de certezas sobre el funcionamiento de los sistemas informáticos motivaron un pedido formal para postergar las obligaciones fiscales. Entre los puntos centrales del reclamo se destacan los siguientes:

  • Falta de reglamentación: Los cambios normativos aprobados por el Congreso todavía no tienen vigencia legal plena al carecer de la publicación en el Boletín Oficial.
  • Limitaciones operativas: El servicio web de ARCA exige ejercer la opción de adhesión al régimen simplificado antes de permitir la carga de datos, lo que impide avanzar preventivamente.
  • Impacto en los plazos: Con un fin de semana largo de por medio, los contribuyentes disponen de apenas dos días hábiles efectivos para completar las presentaciones.
  • Criterio recaudatorio: Los tributaristas sostienen que una postergación hasta finales de mes no afectará las arcas del Estado, ya que los saldos impositivos principales y los anticipos ya registran sus propios mecanismos de actualización e intereses.

Mientras se aguarda una definición oficial por parte de las autoridades económicas, las recomendaciones en los estudios contables apuntan a mantener la documentación ordenada y a la espera de las resoluciones complementarias que deberá emitir tanto el Poder Ejecutivo como la Unidad de Información Financiera en materia de blanqueo y exteriorización de activos.