El proceso judicial que investiga la desaparición de Loan Danilo Peña ingresa en una etapa de máxima tensión institucional con la primera comparecencia pública de una de las imputadas principales. María Victoria Caillava, exfuncionaria municipal de la localidad correntina de 9 de Julio, tiene previsto presentarse este miércoles ante el tribunal para dar su versión de los hechos, en el marco de las audiencias que se llevan adelante en las instalaciones del Escuadrón 48 de la Gendarmería Nacional.
La expectativa en torno a su testimonio radica en que se trata de la cuarta procesada en sentarse frente a los jueces, luego de las exposiciones previas protagonizadas por el excomisario Walter Maciel, Laudelina Peña y Antonio Bernardino Benítez. La mujer, esposa del capitán retirado de la Armada Carlos Guido Pérez, quien también se encuentra detenido y señalado como uno de los partícipes centrales de la maniobra, intentará desligarse de las acusaciones que pesan sobre ella por la sustracción y el ocultamiento del niño de cinco años, un caso que conmocionó a la opinión pública nacional y puso bajo la lupa los procedimientos iniciales de las fuerzas de seguridad locales.
Nuevos testimonios y medidas de prueba solicitadas por la querella
Además de la palabra de Caillava, el fiscal federal Carlos Schaefer convocó para la misma jornada a tres efectivos de la Policía Federal Argentina identificados como José María Rodríguez, Leandro Ariel Sánchez y Pablo Fernando Cushaw, quienes aportarán detalles sobre las pericias y las líneas de investigación desplegadas en etapas posteriores del expediente. En tanto, el cronograma judicial continuará el próximo jueves 8 de octubre con las declaraciones de Jorge Luciano Bertón —hijo de la propia Caillava y miembro de la fuerza federal—, Mario Justo González y Silvia Beatriz Romero.
En paralelo al desarrollo de las testimoniales en el recinto, la querella que representa a la familia de Loan mantiene abierta la presión sobre los magistrados para agotar todas las instancias técnicas posibles. En las últimas horas, los representantes legales insistieron en la necesidad de concretar una medida largamente reclamada: drenar las lagunas uno y cuatro ubicadas en el municipio correntino donde se perdió el rastro del menor.
La representación de la familia insiste en profundizar las medidas de rastrillaje en los espejos de agua, a pesar de que ya habían sido analizados en el inicio de la investigación sin arrojar elementos concluyentes.
La causa judicial transita así un momento de definiciones procesales donde las declaraciones de los imputados y las nuevas pericias técnicas resultan determinantes para reconstruir los movimientos ocurridos el fatídico día en el paraje Algarrobal. Mientras el tribunal evalúa el pedido de nuevos operativos hídricos, la atención de la opinión pública se concentra en los tribunales federales a la espera de contradicciones o datos reveladores que permitan esclarecer el paradero del niño.




