El expediente que tramita en los tribunales federales locales sumó un compás de espera luego de que la querella solicitara formalmente la reprogramación de una audiencia clave. La presentación realizada ante el Juzgado Federal N° 1 de La Plata marca un nuevo capítulo en la extensa y compleja trama judicial que rodea a la familia Ramallo, marcada por la búsqueda de justicia y los constantes cuestionamientos al desempeño de las fuerzas de seguridad en la región.

El pedido fue interpuesto por los letrados que patrocinan a Marta Ramallo, quienes argumentaron superposiciones de agenda institucional para postergar el testimonio que estaba previsto inicialmente. Entre los compromisos mencionados figuran su participación en el Encuentro de Áreas Penales provincial desarrollado en el Colegio de Abogados de San Nicolás, un factor que motivó la solicitud de nuevas fechas para concretar la medida procesal bajo su asistencia directa.

La sombra de las intimidaciones y el reclamo de seguridad

Más allá de la cuestión formal en torno al calendario judicial, el núcleo de esta derivación recae sobre la denuncia por coacción y amenazas agravadas que involucra a un efectivo policial. De acuerdo con los planteos expuestos por la querella, el uniformado señalado le habría exhibido un arma de fuego en una situación de marcada intimidación, lo que encendió las alertas sobre la integridad física de la familia y de quienes acompañan el reclamo histórico en la capital bonaerense.

En este escenario, el planteo elevado al magistrado interviniente no se limita a fijar un nuevo día para el testimonio, sino que exige la preservación estricta de medidas de resguardo y la revisión de los pasos procesales dados hasta el momento. La preocupación central radica en que el efectivo acusado permanezca en libertad mientras se sustancian las actuaciones, un factor que la querella interpreta como un elemento de vulnerabilidad para las víctimas colaterales de un expediente que lleva años buscando esclarecer los hechos ocurridos en la región.

Desconfianza institucional y el pedido de apartamiento

El trasfondo de esta nueva derivación judicial expone una vez más la tirantez en el vínculo entre los familiares de víctimas de delitos complejos y las estructuras de seguridad. En sus presentaciones previas, la querella ha puesto bajo la lupa el accionar policial y ha deslizado la necesidad de profundizar líneas de investigación que vinculen el hostigamiento actual con posibles zonas oscuras del expediente principal, incluyendo ramificaciones vinculadas al narcotráfico y presuntas maniobras de encubrimiento.

Ante este panorama de marcada desconfianza hacia las estructuras orgánicas de seguridad, la defensa reiteró la exigencia de que se aparte a las fuerzas provinciales y federales de cualquier injerencia en las medidas de prueba y en la custodia de las personas involucradas. Será el juez Alejo Ramos Padilla quien deba resolver en las próximas horas la nueva fecha para la testimonial y definir los alcances de las medidas de protección solicitadas por la familia, en un expediente que continúa abierto y bajo la atenta mirada de organizaciones de derechos humanos y sociales de la región.