La investigación judicial que sacude al sector de la seguridad privada en la región sumó en las últimas horas precisiones documentales determinantes que agravan la situación procesal del jefe de operaciones de Entheus Seguridad Privada S.R.L., Marcelo Gastón Saporiti. En el expediente caratulado bajo la IPP nro. PP-07-01-007361-26/00, las nuevas evidencias incorporadas exponen la complejidad de los delitos investigados, que incluyen abuso sexual con acceso carnal, amenazas agravadas y privación ilegal de la libertad en perjuicio de la denunciante.
El proceso judicial avanza sobre la hipótesis de que el imputado utilizó su posición jerárquica y su rol directivo dentro de la compañía para amedrentar a la víctima en el ámbito privado. De acuerdo con los testimonios reunidos en la causa que tramita en los tribunales provinciales, el acusado habría empleado un arma de fuego particular como herramienta de coacción para anular la voluntad de la mujer e impedir sus intentos de alejamiento, apoyándose discursivamente en su pasado dentro de las fuerzas de seguridad para instalar un escenario de impunidad.
El respaldo corporativo y el arsenal bajo la lupa
En el plano instrumental, los informes emitidos por los organismos oficiales de control de materiales controlados aportaron un elemento central para la reconstrucción del caso. Si bien las constancias confirmaron que Saporiti contaba con credenciales vigentes como Legítimo Usuario de Armas de Uso Civil Condicional, la investigación constató que la firma Entheus respaldaba formalmente la portación de armamento corporativo para el despliegue de sus tareas operativas en la vía pública. Este andamiaje logístico y corporativo sitúa a la empresa en el centro del debate sobre los controles internos en la designación de puestos jerárquicos vinculados a la custodia y la seguridad.
A estos elementos de carácter documental se sumó el análisis pericial sobre el tráfico de las líneas telefónicas involucradas, que dejó al descubierto un patrón sistemático de hostigamiento y asedio digital concentrado durante el mes de diciembre de 2024. Los registros de comunicaciones incorporados al expediente detallan una insistencia inusual por parte del investigado, destacándose jornadas críticas como el 20 y el 21 de diciembre, lapso en el cual se contabilizaron decenas de llamadas perdidas consecutivas en el dispositivo de la denunciante. Para los investigadores, este volumen de requerimientos incomunicados evidencia la asimetría de poder en el vínculo y desarticula las estrategias de la defensa orientadas a instalar la existencia de un trato consensuado, reforzando la hipótesis de la coacción y el sometimiento sistemático amparado en la estructura jerárquica de la firma.




