La defensa legal de la mujer investigada por usurpación de títulos y ejercicio ilegal de la profesión en la región presentó un escrito formal ante la justicia penal para solicitar su sobreseimiento definitivo. El planteo judicial incluye diversos certificados de formación en el ámbito de la psicología social y argumentos orientados a diferenciar las tareas que desempeñaba de aquellas reservadas exclusivamente a los profesionales con título universitario y matrícula habilitante.

El expediente, que tramita en los tribunales locales, investiga a la acusada por los delitos de ejercicio ilegal de la medicina y de la profesión, estafa y falsificación de documentación. Los investigadores intentan dilucidar el alcance real de las sesiones que brindaba y si los documentos presentados ante sus pacientes cumplían con los requisitos legales vigentes para el ejercicio de la disciplina en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.

Los argumentos de la defensa y el respaldo institucional

En su presentación, el letrado que la patrocina aclaró que la intención no es equiparar los estudios cursados con una licenciatura en Psicología expedida por una universidad oficial, sino contextualizar su labor como tareas de orientación social y acompañamiento vincular. Sostienen que estas prácticas no invaden el terreno de la salud mental tradicional ni constituyen una usurpación punible bajo el Código Penal.

En declaraciones públicas recientes, la propia imputada ratificó esta postura y desligó su accionar de cualquier práctica clínica ilegal.

Yo pertenezco a una asociación que es la que nos avala y nos otorga una credencial tras cursar una carrera de cinco años; no curo, no diagnostico ni medico a nadie
, expresó al defender su trayectoria y asegurar que su rol se limitaba al asesoramiento cotidiano.

La causa penal sigue su curso mientras el fiscal a cargo evalúa las nuevas medidas de prueba solicitadas por la defensa. El objetivo central de la fiscalía consiste en peritar la documentación secuestrada durante los operativos realizados en la ciudad y analizar los testimonios de quienes asistieron a su espacio de consulta para determinar si existió un perjuicio económico o un daño concreto a la salud pública.