La estrategia legal en torno a la causa que investiga al exjefe de la Policía Departamental sumó un nuevo capítulo luego de que sus representantes legales salieran a remarcar públicamente los alcances técnicos de la firma de un procedimiento abreviado. El acuerdo, sellado a principios de octubre junto a la fiscalía general, contempla una pena de siete años de reclusión, inhabilitación perpetua para desempeñar funciones públicas y el pago de una multa económica, aunque todavía resta la evaluación formal del tribunal competente para su eventual homologación.

Desde la representación técnica insistieron en que el convenio procesal responde a una herramienta legal y no constituye bajo ningún punto de vista una admisión de los delitos imputados. Según detallaron, la decisión de firmar el entendimiento se debió fundamentalmente al desgaste generado por el prolongado período de encierro y a la imposibilidad de acceder a un juicio por jurados populares, un mecanismo que la defensa había solicitado reiteradamente sin éxito en las distintas instancias judiciales de la provincia.

Los argumentos técnicos detrás del acuerdo

El núcleo de la aclaración legal radica en la diferencia entre aceptar ser juzgado mediante este formato abreviado y una confesión propiamente dicha. Al respecto, la defensa sostuvo:

Al aceptar un juicio abreviado el imputado renuncia a su derecho a atravesar un juicio oral y acepta que el tribunal analice las pruebas reunidas durante la investigación. A cambio, la pena que eventualmente se imponga no puede superar la acordada ni contemplar una calificación jurídica más gravosa que la convenida.

Asimismo, los abogados defensores puntualizaron que el convenio suscripto deja abierta la posibilidad de que el tribunal interviniente resuelva la absolución si considera que las evidencias recolectadas en el expediente no alcanzan para sustentar una condena firme. El expediente se originó a raíz de una pesquisa iniciada por un ilícito registrado en la costa atlántica durante 2020, la cual derivó en escuchas telefónicas y el posterior desentramado de una presunta red de encubrimiento, recaudación clandestina y abuso de autoridad que involucraba a personal uniformado y civiles.