La Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de La Plata ratificó la continuidad de la prisión preventiva para el único imputado por la muerte de Rocío Alvarito, ocurrida a finales de enero pasado en el barrio platense de La Loma. El tribunal declaró inadmisible el planteo presentado por la defensa legal, lo que neutralizó las intenciones de lograr el beneficio de la prisión domiciliaria y consolidó la postura adoptada previamente por el Juzgado de Garantías de la jurisdicción departamental.

El expediente judicial se originó a partir del trágico episodio registrado el 29 de enero de 2026, cuando la joven de 26 años cayó desde el balcón de un segundo departamento ubicado en la zona de diagonal 76 y calle 22. Tras el impacto, la víctima debió ser derivada de urgencia al Hospital Rossi, nosocomio donde los profesionales constataron su fallecimiento producto de las graves lesiones sufridas. Desde los primeros momentos posteriores al hecho, la instrucción penal preparatoria recayó sobre su expareja, quien quedó formalmente imputado bajo los graves cargos de privación ilegal de la libertad agravada en concurso real con abandono de persona seguido de muerte.

Los argumentos del tribunal y el peso de los riesgos procesales

Durante el análisis de las medidas de coerción, los magistrados ponderaron la vigencia de los peligros procesales habituales, destacando especialmente el riesgo de fuga y el potencial entorpecimiento de la investigación penal. Para fundamentar este criterio, la fiscalía y los tribunales intervinientes tuvieron en cuenta la formación previa del acusado como integrante de la Policía de la provincia de Buenos Aires, sumado a la titularidad de una firma comercial dedicada a la restauración y colocación de pisos que le reporta ingresos económicos constantes. A esto se sumaron los inconvenientes registrados durante las etapas iniciales de la pesquisa, período en el cual el sospechoso habría entregado claves erróneas para desbloquear sus dispositivos celulares, obstaculizando las pericias tecnológicas dispuestas por la fiscalía.

Por su parte, los defensores del imputado habían estructurado su estrategia sobre tres ejes fundamentales: la carencia de antecedentes penales computables, la acreditación de un domicilio fijo con arraigo familiar y comercial, y la supuesta necesidad de continuar con un tratamiento psiquiátrico específico debido a cuadros de salud mental. Sin embargo, ninguna de estas alegaciones resultó suficiente para torcer el criterio de los jueces, quienes consideraron que las garantías procesales solo pueden resguardarse con el encierro preventivo mientras avanza la recolección de pruebas. En paralelo, los familiares y allegados de la víctima insisten permanentemente en la necesidad de incorporar una perspectiva de género transversal en cada una de las medidas y reclaman que se profundicen las líneas de investigación orientadas a esclarecer si existió un trasfondo de violencia extrema previo al desenlace fatal, mientras la causa continúa su marcha hacia una eventual elevación a juicio oral.