La disputa judicial en torno a las consecuencias económicas de la causa Vialidad sumó un nuevo capítulo de alto impacto institucional, luego de que la Cámara Federal de Casación Penal resolviera rechazar de forma unánime los planteos interpuestos por los hijos de la expresidenta Cristina Kirchner. La medida alcanza también a directores de las firmas involucradas y frena momentáneamente sus pretensiones de evitar la ejecución patrimonial sobre los bienes investigados. Los magistrados que integran la Sala IV determinaron que las presentaciones de las defensas carecían de los requisitos formales indispensables para habilitar la vía recursiva, al considerar que las resoluciones cuestionadas no constituían sentencias definitivas ni causaban un gravamen irreparable de manera inmediata.

El entramado judicial se centra en la pretensión de frenar el avance del decomiso y las medidas de subasta virtual sobre un centenar de propiedades vinculadas a la causa, una iniciativa impulsada originalmente por los fiscales del juicio. Mientras las defensas argumentaban que la medida afectaba indebidamente el patrimonio heredado por los hijos del matrimonio presidencial —quienes no formaban parte de la nómina de condenados en este expediente específico—, los tribunales sostuvieron en sucesivas instancias que dichos fondos formaban parte del objeto delictivo original. De esta manera, el conflicto legal se desplaza con fuerza hacia el máximo tribunal de justicia de la nación, que tiene bajo su órbita la última palabra sobre la validez de los operativos de confiscación y el cálculo de actualización monetaria que rige sobre el monto total exigido.

El rol de la Corte Suprema y los pasos previos al remate

Con el rechazo dictado por la Cámara de Casación, el proceso de ejecución patrimonial quedó supeditado estrictamente a los tiempos y definiciones que adopte la Corte Suprema de Justicia. Pese a que los tribunales inferiores habilitaron la continuidad de los trámites formales, la subasta efectiva de los inmuebles y activos financieros no registra un horizonte de realización inmediata. Existen instancias administrativas previas que demoran cualquier resolución definitiva, entre las que destacan la entrega de las tasaciones oficiales por parte del Cuerpo de Peritos y la potestad del máximo tribunal de seleccionar aquellos inmuebles que considere de utilidad pública para el funcionamiento del Poder Judicial, conforme a la normativa vigente. En paralelo, la fiscalía mantiene activo un segundo pedido de decomiso que contempla un volumen aún mayor de propiedades, vehículos y sumas en moneda extranjera, configurando un escenario judicial prolongado donde la disputa por los activos económicos promete extenderse durante los próximos meses en los estrados judiciales federales.