El histórico reclamo judicial impulsado por vecinos de la región contra la operación industrial del Polo Petroquímico ingresó en un terreno de máxima tensión institucional y financiera. La petrolera estatal YPF reconoció formalmente en sus últimos estados financieros la obligación de previsionar fondos millonarios para afrontar eventuales indemnizaciones y cargas de remediación ambiental, luego de que diversos fallos judiciales confirmaran la existencia de daños ecológicos en los canales fluviales que rodean a la destilería emplazada en el límite entre Ensenada y Berisso.

El expediente judicial, que se remonta al año 1999 con las demandas presentadas por vecinos de la localidad ensenadense de El Dique, puso bajo la lupa el impacto histórico sobre el Canal Lateral Oeste y su conexión directa con el sistema hídrico que desemboca en el Río Santiago. Durante más de dos décadas, la combinación de estudios científicos, actuaciones de organismos provinciales y demandas por daños y perjuicios configuró un escenario complejo donde las exigencias de recomposición ambiental superan las meras instancias indemnizatorias para exigir un plan integral de saneamiento con fiscalización científica.

Un fallo histórico y el recorrido hasta la Corte Suprema

La causa experimentó un punto de inflexión cuando los tribunales de primera instancia consideraron acreditado el deterioro ambiental y dictaminaron una responsabilidad mancomunada que recae mayoritariamente sobre YPF y el Estado Nacional, además de otras firmas de la zona. Ante las apelaciones interpuestas por las defensas corporativas, la Cámara Federal ratificó la obligación de cesar las conductas contaminantes y ejecutar tareas concretas de saneamiento. Actualmente, el litigio se encuentra radicado en la Corte Suprema de Justicia de la Nación a la espera de una resolución definitiva que podría sentar un precedente ineludible para la industria pesada en zonas urbanas.

Mientras tanto, la Refinería La Plata continúa consolidando su protagonismo productivo al procesar más de dos cientos mil barriles diarios de crudo, una cifra sostenida en gran medida por la extracción proveniente de Vaca Muerta y que abastece a una porción mayoritaria del Área Metropolitana de Buenos Aires. Pese a las recientes inversiones orientadas a cumplir con estándares internacionales en la calidad de los combustibles y la reducción de emisiones de azufre, la petrolera enfrenta el desafío de conciliar su escala operativa con las demandas de recomposición histórica exigidas por las comunidades vecinas y ratificadas por los estrados judiciales.