El frente judicial y gremial que involucra a la actividad farmacéutica sumó un nuevo capítulo de máxima tensión institucional, luego de que se conociera la negativa de la conducción de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) a reconocer los fallos judiciales firmes que ratifican la ampliación de la personería gremial del sector. La disputa deja expuesta una profunda fractura entre la cúpula de la entidad que encabeza Alejandra Gómez y los profesionales que se desempeñan bajo relación de dependencia en territorio bonaerense y otras provincias del país.
El núcleo del entuerto legal se consolidó tras la decisión de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que desestimó los recursos presentados por la federación y ratificó la validez de la Resolución 83. Esta medida, avalada previamente por el Ministerio de Capital Humano, ratifica que los farmacéuticos y bioquímicos dependientes en distritos clave como Buenos Aires, Entre Ríos, Catamarca, San Juan y Tucumán quedan comprendidos dentro de los convenios colectivos específicos del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB). Al haber un doble conforme en la instancia judicial, la sentencia adquirió firmeza y bloquea cualquier intento dilatorio por parte de las entidades patronales o corporativas que responden a la conducción histórica de las farmacias.
La disputa por los aportes y el rol del profesional
Lejos de acatar el ordenamiento legal, desde el sector que conduce Gómez se optó por una estrategia de resistencia que motivó duras advertencias por parte de los representantes de los trabajadores. Los voceros gremiales advirtieron que la retención de aportes patronales sin su correspondiente derivación a la organización sindical configuraría una situación irregular de extrema gravedad institucional, equiparable a una maniobra para retener fondos que legalmente pertenecen al circuito de la seguridad social y la cobertura sindical de los profesionales.
El trasfondo de la controversia pone sobre la mesa una discusión histórica respecto de la naturaleza del trabajo farmacéutico. Mientras la COFA históricamente ha priorizado los intereses comerciales de los propietarios de establecimientos y farmacias, los sectores asalariados reclaman una representación que jerarquice el título habilitante por sobre la actividad económica del datero. La Cámara Laboral ratificó este criterio al señalar que SAFYB constituye una organización de carácter horizontal, cuyo ámbito se define estrictamente por la profesión y no por el rubro del empleador, diferenciando al farmacéutico de cualquier otro empleado administrativo o auxiliar de comercio.
Impacto institucional y próximos pasos
La postura adoptada por la cúpula federativa abrió un escenario de imprevisibles consecuencias legales en el plano personal e institucional para sus autoridades. En los pasillos de los colegios profesionales de la Provincia de Buenos Aires comenzó a evaluarse la posibilidad de impulsar presentaciones formales orientadas a analizar la conducta de la conducción por presunto incumplimiento de deberes y desatención de los marcos normativos vigentes. Los cuestionamientos apuntan a la paradoja de que una organización creada para nuclear al sector termine enfrentada de manera directa con las demandas de equiparación salarial y estabilidad laboral de sus propios matriculados.
Desde el plano sindical anticiparon que se promoverán demandas por daños y perjuicios contra los directivos que persistan en el incumplimiento de las obligaciones legales establecidas por los tribunales laborales. La discusión trasciende el plano administrativo y se instala como un precedente clave en la puja por la representación de los profesionales de la salud en el ámbito privado, donde el modelo de representación dual —que intenta conciliar al dueño de la farmacia con el empleado en relación de dependencia— muestra signos evidentes de agotamiento estructural.
