La incertidumbre se adueñó por completo de la comunidad educativa del Instituto Almafuerte, ubicado en la localidad bonaerense de 9 de Abril, en el partido de Esteban Echeverría. Una prolongada disputa entre los socios de la institución derivó en un fallo judicial que ordena la disolución de la sociedad de hecho, lo que pone en riesgo directo la continuidad del establecimiento educativo de cara al ciclo lectivo. Con una trayectoria arraigada en la zona y una matrícula que alcanza a 1.400 alumnos distribuidos en los tres niveles de enseñanza, la advertencia emitida por las autoridades del colegio resuena con crudeza entre las familias: el panorama actual equivale a un certificado de defunción para una historia de sesenta años.

El conflicto legal tiene raíces profundas que se remontan a más de una década, originado tras el fallecimiento de uno de los integrantes fundadores de la sociedad. Los herederos del socio fallecido iniciaron un litigio para lograr la disolución y liquidación de los bienes, un camino procesal que transitó diversas instancias en los tribunales provinciales. Aunque en una primera etapa la justicia de primera instancia había rechazado la pretensión de cierre para preservar el funcionamiento escolar, la intervención posterior de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Lomas de Zamora revirtió aquel criterio. La decisión judicial recayó sobre la estructura jurídica del establecimiento, impidiendo que la institución pueda avanzar con los procesos habituales de matriculación y dejando a las familias en un estado de absoluta desorientación.

Un impacto social que trasciende las aulas y moviliza a todo el distrito

La imposibilidad legal de abrir el período de inscripciones generó un efecto dominó inmediato. Ante la falta de garantías sobre la continuidad pedagógica, numerosos padres comenzaron a explorar alternativas en otros establecimientos de la región para asegurar el banco de sus hijos el próximo año. Paralelamente, los 130 trabajadores que integran la planta docente y administrativa enfrentan la amenaza concreta de perder su fuente laboral a partir del 31 de diciembre, fecha fijada para la efectivización de la medida judicial si no media un recurso extraordinario que revierta el escenario.

Frente a este contexto, la comunidad se organizó para visibilizar el reclamo mediante concentraciones en el ingreso al establecimiento situado sobre la calle Restelli. Estudiantes de todos los niveles, padres y docentes unieron sus voces para cuestionar el peso de una resolución patrimonial por encima del interés colectivo. Los testimonios reflejan el arraigo de la escuela en el tejido social del partido, donde generaciones enteras transitaron su formación académica. Los reclamos apuntan directamente a que los magistrados ponderen el perjuicio social que implica clausurar una institución con semejante impacto territorial frente a los intereses particulares de los herederos en disputa. Mientras los equipos legales presentaron nuevas apelaciones en los estrados judiciales en busca de una medida suspensiva, las familias y los trabajadores continúan en estado de alerta permanente a la espera de una señal que permita preservar las fuentes de trabajo y garantizar el derecho a la educación de los estudiantes.