Una masiva protesta de transportistas alteró por completo la circulación urbana en el partido bonaerense de Avellaneda, donde más de doscientos camiones se apostaron frente a las sedes del Tribunal de Faltas y de la Dirección General de Licencias de Conducir, ubicadas en la localidad de Sarandí. La medida de fuerza surgió como respuesta directa a lo que los manifestantes califican como una asfixiante presión tributaria por parte de la administración local, centrada en el funcionamiento del sistema automatizado de fotomultas y las severas penalizaciones económicas impuestas al sector.

El malestar de los choferes y propietarios de flotas no responde a un hecho aislado, sino a la acumulación de sanciones que, en determinados casos evaluados por las cámaras empresarias, treparon hasta los nueve millones de pesos por unidades retenidas o infracciones acumuladas. Durante la jornada de protesta, los referentes del sector apuntaron con dureza contra el esquema de recaudación comunal y exigieron la revisión integral de los expedientes punitorios que derivaron en embargos preventivos y la inhabilitación de registros profesionales para trabajar.

El peso estratégico del Puerto Dock Sud en la pulseada

La tensión adquirió otra dimensión debido al rol logístico que cumple el distrito en el entramado comercial de la provincia y del país. Con el funcionamiento del Puerto Dock Sud como eje neurálgico por el cual transita más del cuarenta por ciento de los contenedores que ingresan y egresan a nivel nacional, cualquier alteración en el flujo de transporte terrestre repercute de manera inmediata en la cadena de abastecimiento. Los manifestantes advirtieron sobre la vulnerabilidad de la actividad y señalaron que la continuidad de medidas restrictivas sobre las flotas pone en riesgo la operatividad general del cordón industrial.

El reclamo gremial e independiente también puso sobre la mesa la falta de transparencia en la disposición de los dispositivos electrónicos de control vial. Entre los puntos principales del petitorio presentado ante las autoridades comunales, los transportistas exigieron la anulación retroactiva de las multas labradas con anterioridad a la última modificación de la ordenanza de tránsito, así como la inmediata desactivación de aquellas cámaras que operan sin la señalización preventiva reglamentaria exigida por las normativas provinciales y nacionales vigentes.

Judicialización y embargos en la mira

La escalada del conflicto también expone un cortocircuito financiero entre los municipios y los sectores productivos que utilizan el espacio público bonaerense como vía de circulación cotidiana. Para los transportistas, la ejecución de juicios de apremio y el consecuente embargo de bienes configuran un escenario confiscatorio que vuelve inviable la rentabilidad de las pequeñas y medianas empresas de cargas. La advertencia lanzada desde las cabinas de los vehículos durante la caravana dejó en evidencia que el sector está dispuesto a endurecer las medidas de fuerza si no se abren canales formales de negociación para rediscutir la legalidad de los procedimientos administrativos implementados por la comuna.