La aviación comercial argentina atraviesa un momento de máxima tensión tras la presentación formal del concurso de acreedores por parte de la firma FB Líneas Aéreas S.A., operadora de la aerolínea de bajo costo Flybondi. El expediente quedó radicado en el Juzgado Comercial número 24, a cargo del juez Guillermo Mario Pesaresi, en un intento desesperado por reestructurar un pasivo multimillonario que ronda los 120 millones de dólares y evitar así el colapso definitivo de la compañía que supo inaugurar el modelo low cost en los cielos nacionales.

La situación de la empresa se agravó de manera exponencial en los últimos meses, acumulando 57 días consecutivos sin realizar vuelos comerciales y sufriendo un repliegue operativo que la llevó a desplomar su participación en el mercado de cabotaje. A diferencia de las aerolíneas tradicionales, la firma enfrenta este proceso judicial sin aeronaves propias ni bienes inmuebles de valor que puedan servir como garantía para sus acreedores, ya que la totalidad de su flota operaba bajo la modalidad de contratos de leasing. La crisis se refleja en los registros oficiales de la Administración Nacional de Aviación Civil, que documentan el paso de transportar más de 254.000 pasajeros en agosto de 2025, acaparando el 17 por ciento del mercado, a registrar apenas 1.865 pasajeros durante agosto de 2026, lo que representa una participación marginal del 0,1 por ciento.

Un tendal de deudas, embargos y pasajeros afectados

El parate operativo vino acompañado por una escalada de conflictos judiciales, reclamos sindicales y demandas comerciales. La apertura del concurso preventivo busca precisamente congelar los pasivos previos y frenar una marea de embargos impulsados tanto por organismos estatales como por proveedores privados. En el plano fiscal, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero y la propia autoridad aeronáutica trabaron embargos sobre las cuentas bancarias de la empresa por deudas superiores a los 1.500 millones de pesos en cada organismo. A esto se suman saldos impagos con la Empresa Argentina de Navegación Aérea, la firma de rampa Intercargo y proveedores terrestres como la empresa La Nueva Metropol, que reclama montos millonarios por el traslado de tripulaciones y personal hacia las terminales de Aeroparque y Ezeiza, además de demandas hoteleras encabezadas por establecimientos como el Hotel Presidente por alojamiento impago.

El costo social de este descalabro financiero recae de manera directa sobre los usuarios y los trabajadores. Durante el año en curso se contabilizaron miles de vuelos cancelados que dejaron a cientos de miles de pasajeros perjudicados por la interrupción de sus itinerarios y la suspensión total de las devoluciones de dinero por tickets no utilizados, un cuadro que ahora quedará sujeto a los tiempos y las restricciones de la vía judicial. En paralelo, cerca de un millar de familias enfrentan un panorama de extrema incertidumbre laboral. La compañía ya desvinculó a una gran parte de su plantilla mediante despidos y retiros voluntarios sin abonar las indemnizaciones correspondientes, mientras que el personal que permanece en funciones denuncia sueldos atrasados, liquidaciones parciales y la pérdida de la cobertura médica básica, configurando un escenario inédito por su gravedad dentro de la historia reciente del transporte aerocomercial argentino.