El tradicional Autódromo Roberto Mouras de La Plata quedó formalmente inhabilitado por el plazo de seiscientos días, luego de una contundente resolución judicial que sacude los cimientos del automovilismo nacional y regional. La medida, dictada por la jueza de Garantías Marcela Garmendia a pedido de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, recae directamente sobre la administración encabezada por Roberto y Gastón Mazzacane, y pone fin temporal a la actividad deportiva en el predio situado en la zona de Abasto, sobre el kilómetro 49 de la Ruta 2. El operativo de clausura, concretado sorpresivamente por efectivos de la Policía Federal, interrumpió de manera abrupta el normal desarrollo de los campeonatos zonales y encendió todas las alarmas respecto a las condiciones de seguridad en escenarios masivos.
La investigación que desembocó en el cerrojo perimetral del complejo se originó a partir de una presentación judicial impulsada por el ex piloto Julio Politano, lo que derivó en peritajes técnicos lapidarios elaborados por la División Investigación de Siniestros de las fuerzas federales. Los informes periciales detallaron un panorama alarmante con trece irregularidades eléctricas de alto riesgo, entre las que destacan conductores eléctricos atados con alambre directamente a las cañerías de la red contra incendios, tableros de potencia abiertos sin tapas frontales, bornes sulfatados y conexiones precarias aisladas con cinta adhesiva en las inmediaciones del sector de carga de combustible. Asimismo, los peritos advirtieron sobre un deterioro estructural severo en las gradas destinadas al público, fallas críticas en los sistemas de mitigación de incendios y pasivos ambientales derivados del acopio irregular de neumáticos usados y la deficiente gestión de residuos especiales, configurando un escenario de extrema vulnerabilidad para deportistas, auxiliares y espectadores.
Un impacto colateral que golpea a la economía regional y trunca el calendario deportivo
La inhabilitación del trazado platense desató un efecto dominó inmediato sobre el calendario oficial del deporte motor. Categorías emblemáticas como la Fórmula Uno Argentina, el TC2000 Platense, la Fórmula 5 y diversas divisionales zonales debieron suspender sus convocatorias programadas para las próximas semanas, mientras los dirigentes evalúan alternativas de emergencia para mudar las definiciones de los campeonatos a circuitos alternativos ubicados en ciudades como San Nicolás, Olavarría o Balcarce. En paralelo, la parálisis operativa del predio genera una marcada preocupación en el tejido comercial de la región, afectando de forma directa a talleres mecánicos, equipos de competición, prestadores logísticos y al sector hotelero y gastronómico del partido de La Plata, que perciben de manera cotidiana la intensa dinámica económica que moviliza cada fin de semana de competencia.
A este complejo escenario procesal se le suma un frente judicial paralelo de extrema gravedad para los principales administradores del autódromo. Meses atrás, la justicia federal dictó el procesamiento y millonarios embargos preventivos sobre los directivos y miembros de su entorno familiar, en el marco de una causa instruida por el juez Alejo Ramos Padilla y la fiscal federal Laura Roteta. Dicha investigación federal apunta a una presunta maniobra de evasión fiscal y defraudación al fisco por una cifra cercana a los cuatro mil millones de pesos, operada a través de firmas comerciales vinculadas al rubro de la distribución de bebidas en la capital provincial, sumando así un eslabón más a una crisis institucional que mantiene en vilo al automovilismo argentino.




