El mercado aerocomercial atraviesa uno de sus momentos más convulsos tras confirmarse que el empresario Leonardo Scatturice formalizó un reclamo judicial por 70 millones de dólares en el marco del concurso de acreedores de Flybondi. La presentación judicial marca un nuevo capítulo en la debacle de la primera aerolínea de bajo costo del país, que dejó de operar hace más de dos meses con cuentas embargadas y una estructura totalmente descapitalizada.

Desde el entorno del empresario se indicó que la decisión de inyectar fondos en la compañía respondió a información financiera que luego demostró estar alejada de la realidad. Voceros vinculados al grupo inversor señalaron que la administración anterior exhibió métricas de pasajeros y estados contables que no reflejaban el estado financiero verdadero al momento en que se concretó la operación para asumir la conducción de la firma.

Scatturice fue estafado por el ex ceo de Flybondi, Mauricio Sana, y el resto de los ejecutivos que tenía la empresa, quienes mostraron balances y números de pasajeros irreales al momento de concretar los aportes

El foco de los cuestionamientos recae sobre la gestión del ex director ejecutivo Mauricio Sana y sobre las decisiones estratégicas adoptadas durante el proceso de desregulación impulsado por el Gobierno nacional en el sector. La incorporación de aeronaves bajo la modalidad de alquiler temporal y con dotaciones extranjeras generó tensiones operativas severas y profundizó el descontento entre los trabajadores propios de la aerolínea, quienes acumulan meses sin percibir salarios ni aportes patronales.

Un conglomerado en expansión pese al colapso de la low cost

Mientras se debate el futuro de la aerolínea en los tribunales, el entramado corporativo que responde a Scatturice reorganiza sus fichas en el mercado local. El empresario, radicado en Miami, consolidó su presencia en el rubro de la logística a través de la adquisición del correo privado OCA y el desarrollo de nuevas unidades destinadas a la prestación de servicios de rampa en terminales aéreas internacionales, apuntando a competir en el segmento de transporte de cargas de alta demanda.

La crisis de la compañía no solo afecta a los inversores que ingresaron recientemente al negocio, sino también a una extensa lista de acreedores que incluye a casi mil empleados despedidos sin indemnización, cerca de 400.000 pasajeros con pasajes cancelados, prestadores de servicios gastronómicos, proveedores de transporte terrestre y organismos estatales como la Agencia de Recaudación y Control Aduanero y la Administración Nacional de Aviación Civil, que reclaman deudas millonarias en medio de un panorama judicial sumamente complejo.