El mapa productivo de la Argentina atraviesa uno de sus momentos más delicados de las últimas dos décadas, marcado por una contracción sostenida del empleo formal y del parque empresario. De acuerdo con las estadísticas difundidas por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, el universo de empleadores con trabajadores en relación de dependencia se redujo a 480.067 unidades al cierre de julio, lo que profundiza una dinámica contractiva que ya acumuló dieciocho meses consecutivos de caída en todo el territorio nacional.
La magnitud del proceso recesivo queda expuesta al contrastar los números actuales con la situación previa al cambio de administración nacional. Desde noviembre de 2023, momento en el que el registro oficial contabilizaba 512.357 firmas activas, el sistema formal perdió un total de 32.290 empleadores. Este desplome representa una contracción porcentual del 6,3% en menos de dos años, un ritmo que supera incluso al registrado durante las restricciones sanitarias de la pandemia de COVID-19, cuando el piso mínimo de unidades productivas se ubicó significativamente por encima de los registros actuales.
Un retroceso histórico que retrotrae al país a los niveles de 2007
El análisis de la serie histórica elaborada por especialistas en macroeconomía advierte sobre la profundidad estructural del fenómeno. Al evaluar el desempeño del entramado corporativo y PyME, los registros actuales equiparan la cantidad de empleadores activos con los valores vigentes a mediados de 2007, borrando así casi dos años de acumulación de capital y formalización laboral. Analistas del sector económico señalan que la combinación de una demanda interna deprimida, la apertura comercial y la suba incesante de costos operativos ahogaron la capacidad de supervivencia de miles de pequeñas y medianas estructuras, incapaces de sostener sus compromisos financieros y previsionales en el actual esquema macroeconómico.
Si bien la medición oficial engloba tanto a firmas privadas como a organismos públicos que cuentan con al menos un empleado formalizado y no distingue de manera automática entre una quiebra definitiva y una reestructuración jurídica, la tendencia general refleja un enfriamiento profundo de la actividad económica. En la comparación interanual, la merma supera las 15.000 bajas, mientras que el acumulado del año en curso ya destruyó cerca de diez mil unidades empleadoras, golpeando con mayor fuerza a los sectores comercial, industrial y de servicios orientados al consumo interno.




