El sistema de protección y responsabilidad penal juvenil bonaerense atraviesa un nuevo momento de tensión institucional a partir de la difusión de registros fotográficos y testimonios que exponen condiciones críticas de infraestructura y una marcada escasez de personal en los dispositivos de alojamiento. Las denuncias recaen directamente sobre el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia, área que conduce Andrea Cáceres bajo la órbita del ministerio de Desarrollo de la Comunidad encabezado por Andrés Larroque, y se acumulan a una serie de cuestionamientos judiciales previos vinculados al funcionamiento operativo de estos espacios.

En el establecimiento ubicado en Lomas de Zamora, los trabajadores del sector advirtieron sobre una dotación de personal insuficiente para garantizar la seguridad interna y la correcta atención de los jóvenes alojados. Según los testimonios recolectados, las guardias nocturnas suelen quedar en manos de apenas uno o dos asistentes de minoridad encargados de vigilar a grupos que oscilan entre los diecinueve y veintitrés adolescentes. Esta desproporción numérica se tradujo recientemente en situaciones de extrema vulnerabilidad operativa, profundizadas por demoras en la respuesta de las autoridades directivas ante episodios críticos dentro del predio.

Infraestructura deteriorada y medidas de seguridad vencidas

Las imágenes incorporadas al expediente público de los reclamos muestran un panorama desolador en materia edilicia. Se observan gabinetes contra incendios conectados a la red de cañerías pero desprovistos de mangueras, matafuegos con fecha de vencimiento expirada, acumulación de agua junto a residuos y sectores enteros con pintura desprendida y puertas dañadas. A estas fallas estructurales se suman problemas sanitarios crónicos, como la presencia de insectos en las áreas destinadas a la preparación de alimentos, y reclamos salariales vinculados al régimen de turnos de doce por treinta y seis horas, cuestionamientos sobre el valor de las horas extra y demoras administrativas en la percepción de haberes.

Esta situación en el conurbano sur se anuda con antecedentes judiciales concretos, como la resolución dictada por la magistrada Marta Elba Pascual, quien previamente había intimado a las autoridades provinciales a subsanar deficiencias alimentarias, sanitarias y de calefacción, calificando el cuadro de situación como un trato incompatible con los estándares mínimos de derechos humanos. En paralelo, un episodio registrado en el dispositivo de Virrey del Pino puso de relieve otra arista de la crisis: la violencia durante la salida de visitas y la precariedad de las guardias, donde los trabajadores debieron atrincherarse ante la falta de efectivos de contención.

El cúmulo de estas advertencias, que también alcanza a dispositivos de distritos como Pablo Nogués por conflictos vinculados a la seguridad y la circulación de elementos prohibidos, coloca el foco sobre las decisiones de gestión y la asignación de recursos presupuestarios. Mientras los gremios y operarios exigen respuestas urgentes en materia de designaciones y mantenimiento, la administración provincial enfrenta el desafío de reordenar un sistema que acumula advertencias tanto desde los estrados judiciales como desde las bases trabajadoras.