El sistema de transporte de larga distancia atraviesa una coyuntura alarmante que encendió todas las luces de alarma en el sector sindical. A través de una misiva formal dirigida al secretario de Transporte de la Nación, Mariano Plencovich, la Unión Tranviarios Automotor expuso un diagnóstico lapidario sobre las condiciones en las que opera la actividad en todo el territorio nacional, poniendo el foco en el riesgo cotidiano al que se enfrentan miles de trabajadores y pasajeros que diariamente circulan por las rutas argentinas. El sindicato liderado por Roberto Fernández exigió una intervención urgente del Estado nacional para frenar el colapso operativo y evitar consecuencias irreparables en materia de seguridad vial.
El núcleo del reclamo gremial apunta directamente al estado de la red vial nacional, un flanco sensible que se deteriora al ritmo del ajuste en la obra pública. Según los relevamientos internos presentados por los choferes, entre el setenta y el setenta y cinco por ciento de las rutas del país se encuentran en mal estado general. Los conductores deben maniobrar esquivando pozos profundos, banquinas descalzadas, desniveles pronunciados y una notoria ausencia de señalización luminosa. Esta situación se agrava por la falta de ejecución de los fondos específicos provenientes de la recaudación del Impuesto a los Combustibles, un recurso millonario que supuestamente debiera destinarse al mantenimiento de los corredores viales pero cuyo flujo, según denuncian desde la conducción sindical, se interrumpe antes de llegar al asfalto.
Un combo explosivo entre flotas obsoletas y recortes
La problemática no se agota en las trazas viales deterioradas, sino que se extiende al estado de los vehículos y a la infraestructura complementaria de las terminales y paradores. La prolongada falta de financiamiento accesible impidió la renovación de las unidades, provocando que las empresas operen con flotas cada vez más envejecidas y con un desgaste severo que multiplica las fallas mecánicas en plena travesía. A esto se suma la precariedad en los espacios de descanso para los conductores, donde escasean los paradores seguros, los sanitarios en condiciones higiénicas aceptables y las duchas para hacer frente a las largas jornadas al volante. Desde el gremio también advirtieron sobre el impacto de los eventos meteorológicos extremos, cada vez más frecuentes, y reclamaron políticas activas de prevención que morigeren los riesgos asociados al cambio climático y al abandono estructural.
El trasfondo de esta advertencia sindical pone en evidencia la tensión entre la rentabilidad de las empresas prestatarias, las exigencias de contención salarial y la retirada del Estado en su rol de regulador y garante de los servicios públicos esenciales. Mientras el Gobierno nacional sostiene su esquema de achicamiento fiscal y desregulación de los mercados, los sindicatos advierten que la ecuación económica no puede sostenerse a costa de la seguridad física de los trabajadores y de los usuarios. En los próximos días se esperan nuevas asambleas y deliberaciones internas para definir los pasos a seguir en caso de que la cartera de Transporte no convoque a una mesa de diálogo resolutiva para encauzar el conflicto.
