El mapa energético nacional atraviesa una etapa de profunda reconfiguración marcada por cuestionamientos institucionales y sospechas de negociaciones discrecionales. En el centro de la escena se encuentra la provincia de Tucumán, donde la decisión gubernamental de aplazar por tercera vez la licitación del paquete accionario mayoritario de la distribuidora EDET encendió las alarmas en el arco legislativo local. Sectores opositores advierten sobre la consolidación de un esquema monopólico que beneficia de manera directa al Grupo Neuss, mientras los usuarios soportan subas tarifarias recurrentes y deficiencias en la prestación del servicio.
La avanzada empresaria del grupo comenzó a consolidarse cuando, a través de la firma Edison Energía, asumió el control de activos estratégicos que operaban bajo la órbita de fondos internacionales. Esta expansión incluyó a la propia EDET en Tucumán, la empresa EJESA en Jujuy y la transportista LITSA, en un movimiento que coincidió con el repliegue regulatorio y los lineamientos de privatización impulsados a escala federal. Sin embargo, la prolongación de los plazos contractuales y la falta de concursos transparentes abrieron un flanco de conflicto político e institucional de imprevisibles consecuencias.
Un engranaje societario bajo la lupa legislativa
Desde la Comisión de Energía de la Legislatura provincial, las críticas apuntan directamente al gobernador Osvaldo Jaldo por habilitar prórrogas sucesivas que desplazan el llamado a licitación pública hasta el año 2027. Los legisladores sostienen que estas dilaciones operan como un mecanismo de protección hacia los actuales operadores, impidiendo la competencia y perpetuando condiciones ventajosas para el holding privado. A esto se suma el cuestionamiento sobre la integración vertical del mercado, ya que las firmas vinculadas participan simultáneamente en la generación, el transporte y la distribución de la energía eléctrica.
"EDET se está autocomprando. O sea, los Neuss se compran a sí mismos la energía a un valor que no sabemos cuál es, lo que les permite obtener ganancias desmesuradas en perjuicio de los tucumanos", denunciaron desde el cuerpo legislativo al cuestionar la opacidad en los costos de adquisición mayorista.
Por su parte, la administración provincial argumenta que los procedimientos se ajustan a la normativa vigente y que los incrementos autorizados en las facturas responden a los lineamientos establecidos por la Secretaría de Energía de la Nación y el ente de control local. No obstante, las explicaciones oficiales no logran desactivar el malestar social generado por boletas que acumulan subas significativas, en un contexto recesivo donde el costo de los servicios públicos absorbe una porción cada vez mayor de los ingresos familiares.
Perspectivas y impacto en la economía regional
El trasfondo de la disputa excede el plano estrictamente administrativo y pone bajo debate el rol del Estado como regulador de los servicios públicos esenciales. Mientras los plazos se extienden mediante modificaciones legales aprobadas por amplia mayoría parlamentaria, las demandas por mayores exigencias de inversión en infraestructura y auditorías independientes sobre los balances de la prestataria continúan sin respuesta efectiva. El escenario político anticipa nuevas batallas judiciales y parlamentarias en torno a un negocio estratégico que define tanto la rentabilidad corporativa como la sostenibilidad económica de los usuarios en el norte argentino.
