La presión de los costos habitacionales sobre el presupuesto familiar se ha convertido en una de las problemáticas más urgentes de los centros urbanos del país. De acuerdo con las mediciones difundidas por el Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires, el cuarenta por ciento de los hogares pertenecientes a los estratos de menores ingresos se encuentra en la encrucijada de destinar más de la mitad de sus recursos mensuales de manera exclusiva al pago del alquiler. Este fenómeno refleja un profundo descalce entre la evolución de los estipendios y los valores requeridos para acceder a un techo propio o alquilado, obligando a las familias a realizar drásticos recortes en rubros históricamente esenciales como la indumentaria, la salud preventiva y el esparcimiento.
El impacto no se limita al monto nominal fijado por los contratos iniciales, sino que incorpora una estructura de gastos complementarios que incluye expensas ordinarias y extraordinarias, tarifas de servicios públicos y conectividad. En el mercado inmobiliario actual, las unidades de un solo ambiente rondan los setecientos mil pesos, mientras que los departamentos de dos ambientes alcanzan los ochocientos noventa mil pesos mensuales. Por su parte, las propiedades de tres ambientes, demandadas por núcleos familiares más numerosos, superan holgugadamente el millón de pesos y se aproximan a la barrera de los un millón doscientos mil pesos, cifras que dejan fuera de juego a una porción cada vez mayor de la pirámide social y modifican sustancialmente las dinámicas de convivencia.
Nuevas estrategias habitacionales ante la escalada de precios
Frente a este escenario restrictivo, las estrategias de supervivencia habitacional se multiplican en el ámbito urbano. Jóvenes profesionales, estudiantes llegados desde distintas provincias y parejas que buscan independizarse recurren cada vez más a la modalidad de compartir vivienda para pulverizar los costos fijos, una práctica que era excepcional y hoy adquiere ribetes de tendencia estructural. Paralelamente, las administraciones locales intentan implementar políticas de reconversión de antiguos edificios de oficinas ubicados en áreas céntricas que perdieron dinamismo comercial tras la pandemia, con el propósito de sumar metros cuadrados residenciales al stock disponible. Sin embargo, los valores de locación continúan representando una barrera casi infranqueable, tensionando la capacidad de ahorro de los inquilinos y desplazando la demanda hacia zonas periféricas donde la infraestructura de transporte y servicios suele ser deficitaria, configurando un mapa metropolitano cada vez más desigual.
