El acceso a la vivienda en el territorio bonaerense atraviesa una transformación estructural que deja al descubierto una marcada asimetría entre la concentración de bienes raíces y las crecientes dificultades de los sectores medios y bajos para alcanzar la casa propia. Los datos económicos y censales difundidos recientemente permiten dimensionar un fenómeno que se debate desde hace años en las agendas legislativas y urbanas, aportando cifras concretas sobre quiénes poseen los inmuebles y de qué manera se modificó la forma en que habitan las familias en la provincia.

De acuerdo con el relevamiento oficial, algo más de un millón de personas cuentan con dos o más propiedades edificadas registradas formalmente en territorio provincial. Este universo demográfico, que equivale al 6,1 por ciento de la población, detenta como mínimo el 50,9 por ciento del total de los inmuebles analizados en el estudio. La tendencia a la acumulación se vuelve todavía más evidente al observar los estratos más elevados de la pirámide patrimonial, donde un reducido grupo de 104.584 individuos concentra cinco o más propiedades cada uno, acaparando cerca del 14 por ciento del parque inmobiliario considerado.

En la cúspide de esta pirámide, las estadísticas exponen realidades de alto impacto económico: existen casi dos mil titulares que superan el centenar de propiedades urbanas, mientras que un centenar de personas humanas y más de ciento setenta personas jurídicas rebasan la barrera de los quinientos inmuebles bajo su titularidad. Esta concentración de activos físicos contrasta fuertemente con la realidad cotidiana de la abrumadora mayoría de los habitantes, en un escenario donde las transacciones inmobiliarias y el crédito hipotecario han atravesado vaivenes históricos que dificultaron la planificación a largo plazo.

La transformación demográfica del hábitat bonaerense

En paralelo a esta concentración de la propiedad, la composición de los hogares experimentó un giro copernicano durante las últimas dos décadas. Las estadísticas censales demuestran que la proporción de familias que dependen de un contrato de alquiler se duplicó con creces, al pasar del 9,5 por ciento registrado en el año 2001 al 19,3 por ciento en la medición correspondiente a 2022. Este salto cuantitativo refleja que casi uno de cada cinco hogares bonaerenses carece de un techo propio y debe destinar una porción sustancial de sus ingresos mensuales al pago locativo.

El análisis longitudinal de los censos confirma que la demanda de viviendas en alquiler creció a un ritmo muy superior al de la construcción. Entre 2010 y 2022, los hogares inquilinos se expandieron cerca de un 67 por ciento, al tiempo que la cantidad total de viviendas aumentó apenas un 25 por ciento. Como correlato directo de esta dinámica, el porcentaje de propietarios experimentó un retroceso sistemático, alejando la posibilidad de arraigo definitivo para miles de familias que ven cómo los valores del mercado se desacoplan de la evolución salarial. Si bien las cifras oficiales no establecen por sí solas una vinculación mecánica entre la concentración de inmuebles y la expansión del inquilinato, evidencian un cambio profundo en el tejido social y económico de la provincia, donde el acceso al hábitat se encamina hacia un modelo cada vez más excluyente que exige nuevas herramientas de intervención y debate público.