La estructura del peronismo en la Patagonia atraviesa un momento de máxima tensión tras una resolución drástica tomada por las autoridades partidarias. El Consejo Provincial avanzó con la expulsión definitiva de cuarenta y cuatro afiliados, una medida disciplinaria de alto impacto que alcanza de lleno al jefe comunal local, quien ya se encontraba suspendido de sus funciones dirigenciales a raíz de una grave denuncia penal presentada por su expareja en los tribunales provinciales. La decisión no solo sella su salida formal de la fuerza política, sino que deja al descubierto las profundas fracturas internas que arrastra la oposición en este distrito patagónico.
Con la salida formal del mandatario municipal, la conducción del espacio quedó de manera interina bajo la responsabilidad del vicepresidente segundo, Lucas Riquelme. Su tarea inmediata consiste en encabezar un complejo reordenamiento institucional en un escenario donde las piezas no encajan con facilidad. La actual composición de la cúpula partidaria surgió como resultado de un proceso electoral interno que enfrentó a dos listas diferenciadas, cuyos cargos jerárquicos se distribuyeron bajo esquemas de paridad y acuerdo. Ahora, ante las vacantes generadas por estas expulsiones masivas, persisten interpretaciones cruzadas entre las distintas facciones sobre el mecanismo estatutario adecuado para cubrir los puestos vacantes sin dinamitar los frágiles equilibrios internos.
Un reordenamiento obligado con la mira puesta en el horizonte electoral
La depuración de los padrones y la sanción a este grupo numeroso de dirigentes marca un punto de inflexión para el movimiento justicialista en la región. Lejos de constituir un simple trámite administrativo, la medida expone la necesidad de la dirigencia por despejar cualquier manto de sospecha ética y política en torno a sus figuras públicas, especialmente en causas vinculadas a la violencia de género y la inconducta institucional. Sin embargo, el desafío operativo es monumental. La fuerza política debe sanar sus heridas internas y reconfigurar su arquitectura de poder en un contexto donde las disputas territoriales y sectoriales suelen postergar los acuerdos colectivos.
Mientras la conducción interina intenta ordenar la transición y definir los pasos a seguir para normalizar el funcionamiento orgánico, el calendario político general avanza sin pausa. La reorganización institucional no responde únicamente a una urgencia legal o estatutaria, sino a la necesidad imperiosa de construir una propuesta competitiva y unificada. El peronismo neuquino se enfrenta así al doble desafío de sanear su representación interna y proyectar una estrategia electoral sólida que le permita recuperar volumen político y territorial de cara a las próximas elecciones provinciales y nacionales.
