La problemática del agua potable en el territorio bonaerense sumó un nuevo capítulo de máxima tensión institucional luego de que se emitieran requerimientos formales a múltiples intendencias para conocer los protocolos de control vigentes. La advertencia surge a partir de los datos actualizados por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, cuyos relevamientos científicos exponen concentraciones de arsénico muy por encima de los parámetros tolerados para el consumo humano en numerosas comunas.

Los registros difundidos encendieron las alarmas en distintos distritos provinciales donde las mediciones alcanzaron marcas críticas. En localidades como Guaminí se detectaron valores de hasta 295 microgramos por litro, mientras que en 9 de Julio los registros oscilan entre 72 y 165. La lista de comunas afectadas incluye también a San Vicente, Monte, el Partido de la Costa, Mercedes y Chivilcoy, además de partidos del conurbano como Vicente López, Ezeiza, Almirante Brown y General Rodríguez.

La brecha entre los límites legales y la realidad geológica

Para comprender la magnitud del fenómeno resulta imperativo contrastar los datos técnicos con las normativas sanitarias. El Código Alimentario Argentino establece un tope máximo general de 0,01 miligramos por litro, equivalente a 10 microgramos por litro, un umbral que se alinea con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Si bien la legislación contempla excepciones transitorias de hasta 50 microgramos por litro en regiones con suelos complejos, las cifras actuales en varios distritos multiplican ampliamente esa tolerancia.

Especialistas en química y bromatología recuerdan que la presencia de este elemento químico responde a características naturales de los suelos pampeanos y sedimentarios. Sin embargo, advierten que el origen natural del contaminante no exime a los gobiernos locales ni a las empresas prestatarias de implementar plantas de tratamiento de remoción, sistemas de filtrado avanzados y esquemas de información pública transparente.

La presencia natural de arsénico en determinadas fuentes de agua es una problemática conocida y extendida, pero ello no puede traducirse en la ausencia de controles ni en la falta de información para las comunidades potencialmente expuestas.

Ante este escenario, los organismos de contralor exigen a las administraciones municipales detalles sobre la periodicidad de los monitoreos, los mapas de fuentes afectadas y la existencia de programas específicos de vigilancia epidemiológica. La falta de acceso a agua segura representa un desafío estructural que afecta de manera directa la salud pública, obligando a repensar las inversiones en infraestructura hídrica y los mecanismos de fiscalización en toda la región.