La calidad del suministro de agua potable en el territorio bonaerense volvió a ocupar el centro de la escena institucional luego de que el Consejo Profesional de Química de la Provincia formalizara un severo pedido de informes a distintos gobiernos municipales. La medida responde directamente a los datos arrojados por la última actualización del Mapa de Arsénico elaborado por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), un relevamiento que expone concentraciones muy por encima de los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud en numerosos distritos del suelo provincial.
El requerimiento elevado por la entidad colegiada busca determinar con precisión qué protocolos de fiscalización aplican las administraciones locales sobre las fuentes de abastecimiento destinadas al consumo humano. Lejos de tratarse de un debate estrictamente técnico, el acceso al agua segura constituye un derecho básico cuya vulneración arrastra profundas consecuencias sanitarias a mediano y largo plazo. Por este motivo, el organismo interpeló a los jefes comunales para que detallen la frecuencia de los monitoreos vigentes, los resultados arrojados por las muestras más recientes y los planes de contingencia previstos para mitigar el impacto en aquellas áreas donde la presencia natural del elemento químico supera los umbrales tolerables.
Un mapa provincial con marcas críticas y el impacto en el conurbano
Los datos publicados por la comunidad científica evidencian un escenario heterogéneo pero sumamente delicado en distintos puntos del mapa bonaerense. Mientras que en algunas localidades del interior los registros trepan a cifras alarmantes, las mediciones realizadas en municipios del Área Metropolitana de Buenos Aires también arrojaron valores que superan el límite general de 10 microgramos por litro estipulado por el Código Alimentario Argentino y los parámetros de la autoridad sanitaria internacional. Distritos como Guaminí, 9 de Julio, San Vicente y el Partido de la Costa encabezan los registros más elevados, obligando a repensar las estrategias de potabilización y distribución del recurso.
"La presencia natural de arsénico en determinadas fuentes de agua es una problemática conocida y extendida, pero ello no puede traducirse en la ausencia de controles ni en la falta de información para las comunidades potencialmente expuestas", advirtieron desde el Consejo Profesional de Química.
Frente a este panorama, la exigencia de transparencia informativa apunta a remover los grises en la gestión de un servicio esencial que involucra tanto a empresas prestatarias como a los poderes concedentes encargados de velar por la salud pública. La falta de articulación entre los niveles estatal, científico y operativo dificulta la implementación de soluciones estructurales y profundiza la desconfianza ciudadana respecto a la calidad del líquido que llega a los hogares.
La situación en La Plata y el antecedente judicial que marca el pulso
Aunque el partido de La Plata y sus inmediaciones no figuran entre los conglomerados urbanos con las concentraciones más extremas de la provincia, los relevamientos técnicos también identificaron puntos dentro del Casco Urbano, Gonnet y City Bell que se ubican dentro del denominado nivel de precaución. Muestras puntuales tomadas tanto de la red oficial provista por Aguas Bonaerenses S.A. como de perforaciones particulares revelaron mediciones superiores a los 10 microgramos por litro, poniendo de manifiesto que la problemática geológica no resulta ajena a la capital provincial y requiere de un monitoreo constante y descentralizado.
Este escenario de reclamos encuentra un sustento jurídico ineludible en el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación vinculado a la situación hídrica en el distrito de Bragado. Aquella resolución judicial, que obligó a la empresa prestataria a ejecutar obras de infraestructura para garantizar la potabilidad del servicio tras años de litigio, sentó un precedente jurisprudencial ineludible sobre la responsabilidad indelegable del Estado y las compañías concesionarias en la materia. Las organizaciones profesionales sostienen que la problemática del arsénico dejó de ser una mera contingencia ambiental para transformarse en una exigencia de cumplimiento obligatorio en materia de derechos humanos y sanitarios, por lo que esperan respuestas concretas por parte de las autoridades municipales en el corto plazo.
