El sistema penal federal perdió la oportunidad de dictar una sentencia en uno de los casos más resonantes de los últimos años en la región. Carlos Eugenio Lima, el expolicía bonaerense acusado de asesinar al capitán y al primer oficial del buque petrolero Ayane, murió en la Unidad 9 de La Plata cuando faltaban apenas semanas para el inicio del debate oral que debía esclarecer el doble crimen ocurrido en el Río de la Plata.

El fallecimiento del imputado, registrado el 29 de septiembre, se produjo en circunstancias que ahora forman parte de una investigación paralela. Lima, de 57 años, se encontraba alojado bajo custodia estatal a la espera del juicio que el Tribunal Oral Federal N°2 tenía previsto realizar el 12 y el 13 de noviembre. Con su deceso, la acción penal quedó formalmente extinguida, lo que clausura la posibilidad de un pronunciamiento judicial sobre su responsabilidad, aunque los querellantes advirtieron que esto no implica una absolución.

Las dudas institucionales y el reclamo de las familias

La muerte de un interno a tan poco tiempo de una instancia judicial decisiva encendió alarmas institucionales y generó cuestionamientos por parte de la representación legal de las víctimas. Rodrigo Velasco, abogado de la familia del capitán asesinado Alejandro Daniel García, planteó interrogantes sobre las condiciones de seguridad y el cuidado que el Estado debía garantizar sobre una persona privada de su libertad y sujeta a un proceso de alta complejidad.

"Corresponde reconstruir con rigurosidad qué ocurrió dentro del penal, verificar los registros de guardia, las cámaras y los controles previos para determinar cómo se produjo este desenlace en la antesala del juicio", indicaron fuentes vinculadas al proceso judicial.

El expediente principal se originó en la noche del 22 de octubre de 2021, cuando el buque Ayane se encontraba fondeado frente a las costas de Punta Lara. En ese escenario, García y el primer oficial Juan Alfonso Pegasano fueron ultimados a bordo. Lima, que se desempeñaba como tercer oficial de cubierta y contaba con pasado en la fuerza de seguridad provincial, quedó inmediatamente detenido como el principal sospechoso de la agresión mortal.

El recorrido judicial del imputado ante los tribunales de la capital bonaerense registraba antecedentes previos. En 2008 protagonizó un violento episodio en City Bell que derivó en un tiroteo con efectivos policiales y la intervención del Grupo Halcón, causa por la cual fue condenado en 2011 a siete años y medio de prisión por tentativa de homicidio agravado. Años después, tras recuperar la libertad, quedó nuevamente vinculado a la órbita penal por el homicidio doble perpetrado en alta mar.

Con la extinción de la acción penal decretada a raíz de su fallecimiento en el establecimiento penitenciario de avenida 1 y 50, el proceso principal queda sin su etapa central de debate y sentencia. Mientras la fiscalía y los tribunales federales completan los trámites formales para cerrar el expediente respecto a su persona, la atención se desplaza ahora hacia las actuaciones destinadas a esclarecer los motivos y el contexto de su muerte dentro del penal platense.