El mapa de la seguridad bonaerense volvió a encender el debate político tras las declaraciones del ministro del área, Javier Alonso, quien rechazó de plano las caracterizaciones alarmistas sobre la situación en el distrito y cruzó con dureza a la administración central por la falta de coordinación y transferencia de recursos. Lejos de eludir el impacto de los hechos delictivos que cotidianamente ocupan la agenda pública, el funcionario de la administración provincial atribuyó la dramatización de estos episodios a una estrategia comunicativa y de desgaste impulsada desde la Casa Rosada frente a la caída en los índices de aprobación oficial.
Durante un contacto con los medios, Alonso reconoció que la delincuencia forma parte de una problemática estructural que no se agota en consignas discursivas, aunque diferenció el diagnóstico técnico de lo que calificó como operaciones discursivas. En esa línea, argumentó que la gestión provincial sostiene un despliegue operativo constante para contener el delito, al tiempo que cuestionó la retórica opositora que busca instalar una imagen de caos absoluto en el territorio más populoso del país. Para el titular de la cartera de seguridad, la manipulación de ciertos episodios responde a la necesidad gubernamental de desviar la atención de los problemas económicos que afectan a las grandes mayorías.
La disputa por los recursos y el reclamo de fondos
El cortocircuito entre La Plata y la Nación no se limita al plano discursivo, sino que profundiza un historial de tensiones presupuestarias que condicionan la administración cotidiana. En ese sentido, Alonso recordó los reiterados intentos del gobernador Axel Kicillof por destrabar un canal de diálogo institucional con el presidente Javier Milei, evidenciado en la falta de respuesta a más de una veintena de notas formales enviadas al Ejecutivo nacional. El reclamo central gira en torno a la merma en las asignaciones financieras, una cifra que desde la gobernación estiman en miles de millones de dólares, y que según el criterio ministerial impacta de manera directa en la capacidad operativa de las fuerzas provinciales y en la infraestructura destinada a la prevención del delito.
El funcionario también puso el foco en la necesidad de articular políticas conjuntas que trasciendan las banderías partidarias, advirtiendo que la fragmentación en el abordaje del narcotráfico y el crimen organizado solo beneficia a las estructuras delictivas. Como contrapartida al clima de tensión que denuncian desde la gestión provincial, Alonso destacó el operativo desplegado recientemente durante la tradicional peregrinación a la Basílica de Luján. Con una convocatoria que superó los dos millones y medio de fieles, el despliegue preventivo culminó sin incidentes de gravedad institucional, un resultado que el ministro utilizó para contrastar la realidad de la calle con los escenarios de violencia extrema que, a su entender, se promocionan desde los sectores afines al oficialismo nacional.




