La Legislatura de la provincia de Buenos Aires dio sanción definitiva a una ley clave que modifica de manera sustancial la dinámica cotidiana en las aulas de todo el territorio bonaerense. A partir de su promulgación y publicación oficial, el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos tecnológicos quedará prohibido durante las horas de clase en las escuelas secundarias, tanto de gestión estatal como privada, salvo en aquellas situaciones en las que medie una autorización expresa del cuerpo docente con estrictos fines pedagógicos.

La iniciativa legislativa toma como antecedente directo las restricciones que ya operan en el nivel primario a través de la normativa vigente. El objetivo central de los impulsores de la medida radica en mitigar la dispersión cognitiva, recuperar la atención de los estudiantes y atender problemáticas contemporáneas asociadas a la hiperconectividad, como el acoso digital y el avance de la ludopatía virtual en poblaciones cada vez más jóvenes.

Un debate atravesado por estadísticas alarmantes sobre la infancia

Durante la discusión parlamentaria que precedió a la votación, los legisladores expusieron diversos informes que dimensionan el fenómeno del acceso tecnológico temprano. Las proyecciones indican que una porción muy significativa de los niños argentinos cuenta con un teléfono inteligente propio antes de finalizar el primer ciclo de la escuela primaria. Este escenario genera nuevos desafíos institucionales para los establecimientos educativos, que deben lidiar diariamente con la dispersión y la pérdida de socialización cara a cara entre los alumnos.

La norma establece que los dispositivos deberán permanecer guardados y fuera del alcance de los estudiantes durante el desarrollo de las clases, salvo que el docente planifique una actividad específica que requiera soporte digital.

La implementación operativa recaerá sobre el organismo que designe el Poder Ejecutivo provincial, el cual tendrá la responsabilidad de redactar los protocolos específicos de aplicación y las pautas de supervisión para las instituciones. Asimismo, el texto aprobado incluye una cláusula de invitación formal dirigida a los 135 municipios bonaerenses para que adhieran a la normativa y sincronicen políticas de concientización en el ámbito comunitario.

En los próximos días, las comunidades educativas de La Plata y el resto de la provincia comenzarán a definir los mecanismos internos para adaptar sus acuerdos escolares de convivencia a esta nueva disposición, un proceso que demandará un trabajo articulado entre equipos directivos, docentes y familias para garantizar el cumplimiento efectivo de la medida.