El debate en torno a la regulación del uso de teléfonos celulares en las escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo con reclamos de mayor autonomía institucional y un pedido explícito de respaldo jurídico para las autoridades escolares. Las discusiones legislativas y las medidas adoptadas por distintos establecimientos educativos volvieron a poner bajo la lupa la convivencia cotidiana entre las herramientas tecnológicas y la dinámica tradicional de enseñanza.

Martín Zurita, secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires (AIEPBA), expuso la postura del sector y advirtió sobre las dificultades que enfrentan los directivos y docentes al momento de fijar límites. Durante una entrevista radial, el referente institucional remarcó que las medidas restrictivas aplicadas de manera aislada suelen generar un efecto contraproducente si no van acompañadas de un marco normativo firme que proteja la decisión institucional.

“Nosotros como institución pedimos autonomía institucional y respaldo legal para aplicar las regulaciones. Si se prohíbe pero no hay consecuencias claras para un incumplimiento, termina debilitando la autoridad institucional y creo que eso es lo que está ocurriendo muchas veces donde se está vaciando la autoridad de la escuela”, expresó Martín Zurita. El dirigente también alertó sobre las reacciones violentas de algunos sectores familiares ante el secuestro temporario de los dispositivos por parte del cuerpo docente.

Asimetrías edilicias y el rol pedagógico de las pantallas

Otro de los ejes centrales de la discusión radica en las marcadas diferencias de recursos que existen entre los distintos establecimientos educativos del territorio bonaerense. Mientras algunas instituciones cuentan con infraestructura informática propia y acceso generalizado a computadoras portátiles, otras dependen exclusivamente de la conectividad y las terminales móviles que los estudiantes portan de manera particular. En este escenario, una prohibición lineal e inflexible desatiende las necesidades operativas de las comunidades con menores recursos.

Asimismo, el sector empresario de la enseñanza privada planteó que la tecnología puede constituir un recurso didáctico de valor si se utiliza con criterio pedagógico y bajo la supervisión directa del profesor a cargo. Lejos de demonizar por completo la herramienta digital, los referentes del sector insisten en que el foco principal debe colocarse en prevenir los riesgos asociados al uso desregulado, tales como la dispersión cognitiva, el acoso digital en redes sociales y el impacto de las apuestas en línea entre adolescentes.

El posicionamiento de los institutos privados coincide en líneas generales con la postura de la cartera educativa provincial al defender la potestad de cada comunidad de adaptar las normativas a su propia realidad. Mientras el debate legislativo continúa abierto en la Legislatura bonaerense, las escuelas ensayan distintos protocolos de convivencia para equilibrar la concentración en el aula con la ineludible inserción de las nuevas tecnologías en los procesos cognitivos.