El escenario político nacional vuelve a tensionarse alrededor de las modificaciones al sistema electoral que impulsa la administración central. Mientras la Casa Rosada acelera los tiempos para intentar modificar las reglas de juego de cara a los próximos comicios, desde las provincias aliadas advierten que el camino legislativo y los consensos necesarios todavía encuentran escollos importantes que dificultan una aprobación inmediata.
Las declaraciones surgieron en el marco de las negociaciones que mantiene el Poder Ejecutivo con los gobernadores dialoguistas. Lejos de consolidar un bloque homogéneo dispuesto a aprobar sin reparos la iniciativa, distintas terminales provinciales empiezan a marcar diferencias respecto a la oportunidad y al contenido integral de la reforma planteada por el oficialismo libertario.
Una reforma que excede la discusión sobre las primarias
El mandatario provincial aclaró que el proyecto en debate no se limita exclusivamente al futuro de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, sino que introduce modificaciones sustanciales en otros planos normativos de gran sensibilidad institucional. Entre los puntos que generan mayores controversias figuran los nuevos requisitos exigidos para la constitución de partidos políticos a nivel nacional, la regulación estipulada para los debates presidenciales obligatorios, la incorporación de criterios de ficha limpia y la metodología prevista para la elección de los representantes que integrarán el Parlamento del Mercosur.
En principio digo que estaría dispuesto a una suspensión de las PASO, pero hay bastante para hablar, a pesar de que el Gobierno está apurado con eso.
A este entramado legislativo se le suman las especulaciones territoriales y la puja por el armado de listas. En el caso particular de los distritos gobernados por el radicalismo y otras fuerzas provinciales, la irrupción de postulantes alineados con el oficialismo nacional altera las estrategias locales. La coincidencia en el perfil del votante genera cortocircuitos sobre la conveniencia de mantener o disolver las estructuras de competencia interna, un factor que añade incertidumbre al tablero político federal mientras los tiempos legislativos continúan corriendo en el Congreso.
