El desembarco del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, en la Cámara de Diputados para dar inicio formal al debate del Presupuesto 2027 derivó en un tenso cruce con la oposición. El funcionario intentó blindar la hoja de ruta económica diseñada por el Palacio de Hacienda, pero chocó de inmediato con los reclamos contundentes por el financiamiento universitario y las partidas destinadas a discapacidad, dos frentes sensibles que acumulan tensiones políticas y judiciales en la antesala de nuevas movilizaciones sectoriales.
La presencia del funcionario centralizó la atención de la Comisión de Presupuesto, donde los bloques opositores cuestionaron la ausencia de los máximos responsables del área económica y exigieron respuestas sobre el cumplimiento efectivo de las leyes vigentes. La discusión estuvo atravesada por el contraste entre las proyecciones oficiales de crecimiento e inflación y la realidad financiera que denuncian las casas de altos estudios, los rectores y los colectivos de asistencia social.
Las proyecciones macroeconómicas bajo la lupa opositora
Durante su exposición ante los legisladores, Guberman centró sus argumentos en la herencia recibida al inicio de la gestión, destacando la necesidad de sostener el equilibrio fiscal como ancla de la estabilidad. En esa línea, el funcionario ratificó que el proyecto contempla un crecimiento del producto para el próximo año, acompañado por una desaceleración inflacionaria y un tipo de cambio proyectado que generó inmediata controversia en las bancadas opositoras.
Las proyecciones oficiales chocaron con los duros cuestionamientos de legisladores que señalaron desvíos significativos entre los cálculos previos y los índices reales informados recientemente por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Las críticas apuntaron a que las estimaciones de incrementos de precios para el ciclo en curso quedaron desfasadas, lo que alimenta la desconfianza legislativa respecto de la viabilidad de las metas fijadas para el ejercicio venidero.
La pulseada por las universidades y la emergencia en discapacidad
El núcleo más álgido de la jornada legislativa giró en torno a la asignación de recursos para el sistema universitario y los servicios de atención a la discapacidad. Desde la bancada opositora recordaron la existencia de un fallo judicial reciente que exige la aplicación inmediata de la ley de financiamiento educativo, una norma que enfrenta resistencia por parte del Poder Ejecutivo. Mientras los rectores calculan una necesidad presupuestaria muy superior a la contemplada en el texto oficial, el debate expuso cortocircuitos sobre cómo reasignar partidas sin alterar las metas de déficit cero.
En paralelo, la discusión sobre los fondos para discapacidad encendió alarmas por la proyectada derogación de artículos clave que garantizaban la actualización automática de los pagos a prestadores. Aunque desde la Secretaría de Hacienda se aseguró una duplicación nominal de las partidas sectoriales, las explicaciones no lograron disipar las dudas sobre la sostenibilidad de las prestaciones, abriendo un escenario de alta confrontación parlamentaria de cara a las próximas sesiones en el recinto.
