La discusión sobre el modelo de gestión del fútbol argentino vuelve a ocupar el centro de la escena política y deportiva tras la insistencia en impulsar las Sociedades Anónimas Deportivas. La propuesta de habilitar la llegada de capitales privados se presenta bajo la premisa de la modernización y la necesidad de inversiones urgentes, pero soslaya un cambio estructural en la matriz institucional: desplazar a los socios de la toma de decisiones para convertir a las entidades en unidades de negocios guiadas por la rentabilidad.

Históricamente, las instituciones deportivas en el país se han estructurado como asociaciones civiles sin fines de lucro. Este formato no es un capricho normativo, sino el resultado de un proceso de construcción colectiva donde generaciones de socios levantaron instalaciones, sostuvieron disciplinas amateurs y cumplieron un rol de contención social incalculable. Sustituir este propósito por el reparto de dividendos altera la naturaleza misma de las entidades, abriendo la puerta a lógicas donde el balance contable pesa más que la función comunitaria.

El riesgo sobre el patrimonio y la identidad barrial

Uno de los puntos más críticos del debate radica en la gestión de la infraestructura y el destino de los predios. Mientras una asociación civil reinvierte cada recurso en su propio crecimiento social y deportivo, un esquema empresarial responde a los intereses de sus accionistas. Esto enciende alarmas respecto al destino de terrenos estratégicos en zonas urbanas densas, donde la tentación inmobiliaria puede superar ampliamente el valor recreativo que el club representa para su comunidad inmediata.

Asimismo, la promesa de inyección financiera elude responder interrogantes fundamentales sobre la integridad de las competencias. La concentración de intereses económicos cruzados en múltiples equipos, la priorización de ganancias rápidas por sobre el desarrollo sostenido de divisiones inferiores y la mercantilización de la vida social amenazan con vaciar de contenido aquello que distingue al deporte de pertenencia popular.

Lejos de ser una solución mágica para las crisis financieras recurrentes de algunas administraciones, la privatización encubre el peligro de despojar a los socios de su soberanía institucional. La demanda legítima de mayor transparencia, profesionalización y controles rigurosos sobre las conducciones dirigenciales no requiere la entrega del patrimonio a manos privadas. Exigir rendición de cuentas es el camino para sanear las cuentas sin rifar la historia.

El silencio de figuras con peso específico en la dirigencia histórica frente a estos embates pone de manifiesto la magnitud de la pulseada política. Sostener el modelo de asociaciones civiles exige convicción, defensa activa y un compromiso inclaudicable con la soberanía de los socios, recordando que el valor de un club se mide por su arraigo social y no por su cotización bursátil.