La cruzada institucional para frenar el avance de las apuestas clandestinas y la ludopatía juvenil en territorio bonaerense entró en una etapa de definiciones concretas en la Legislatura provincial. La comisión de Prevención de la Ludopatía de la Cámara de Diputados fijó una hoja de ruta con fuerte peso político al convocar formalmente a Gonzalo Atanasof, presidente del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, para que brinde explicaciones técnicas y políticas en el marco del tratamiento de una ambiciosa normativa integral.
La llegada del funcionario al parlamento responde a la necesidad del oficialismo de blindar un texto extenso que busca modificar de raíz las reglas de juego para las plataformas virtuales. La iniciativa legislativa concentra su atención en la implementación de filtros estrictos para bloquear el acceso a sitios de apuestas desde establecimientos educativos, dependencias públicas y redes de conexión comunitaria. En paralelo, el proyecto introduce restricciones publicitarias de alto impacto, obligando a los operadores a incorporar leyendas explícites de advertencia sobre los riesgos de la actividad, una medida largamente reclamada por sectores sanitarios y educativos.
La pulseada por el control fiscal y la distribución de fondos
El núcleo de la discusión no está exento de tensiones y cruces entre los diferentes bloques políticos. Si bien existe un consenso generalizado sobre la urgencia de intervenir ante el crecimiento exponencial del consumo digital en adolescentes, la oposición mantiene reparos sustanciales respecto a varios artículos del articulado. El punto de mayor fricción se concentra en la propuesta de crear una fiscalía especializada para perseguir el juego ilegal, una estructura que genera recelos en las bancadas opositoras por el nivel de concentración de poder que implicaría en manos de un único magistrado.
Más allá de las rispideces políticas en torno a la arquitectura judicial, el esquema financiero que propone la normativa moviliza intereses millonarios. El texto establece un mecanismo de recaudación a través de multas y gravámenes específicos que se distribuirán bajo criterios estrictos. La mayor parte de esos recursos económicos, calculada en un setenta por ciento, se girará de manera directa a los municipios mediante el sistema de coparticipación vigente. El porcentaje restante se destinará de forma exclusiva a las arcas del Ministerio de Salud para robustecer programas de prevención, asistencia en salud mental, sostenimiento de becas para atletas de alto rendimiento y subsidios destinados a infraestructura básica en clubes de barrio de toda la región.
Con la comparecencia de Atanasof agendada, el arco político medirá la viabilidad de consensuar un texto definitivo que logre sortear las diferencias partidarias. La expectativa se centra ahora en la capacidad de negociación de los bloques para evitar que el proyecto quede empantanado en las disputas de pasillo, mientras las cifras del mercado de apuestas digitales continúan expandiéndose sin pausa en la vida cotidiana de los bonaerenses.
