La reunión conjunta de las comisiones de Legislación Penal y Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados dejó este martes un cruce inesperado cuando la discusión sobre los proyectos normativos contra el vandalismo rural derivó en un intercambio de posturas sobre la propiedad y las costumbres en el ámbito agrario. El eje del entredicho se encendió cuando la legisladora del Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad, Myriam Bregman, introdujo una anécdota personal para cuestionar el alcance real de las iniciativas que se debatían en el recinto.

Mientras exponía sus reservas sobre el espíritu de las leyes propuestas, la referente opositora cuestionó a los sectores que impulsan mayores penalizaciones para los daños a la propiedad rural. En medio de su argumentación, la diputada lanzó una frase que alteró la dinámica formal del plenario al referirse a prácticas habituales en el interior productivo.

Yo nací en el campo, iba a robar choclo. Sí, es muy habitual. Es muy habitual ir a juntar choclos, a ustedes nunca los mandaron porque viven en la ciudad.

La declaración generó reacciones inmediatas entre los legisladores presentes, que interpretaron el comentario como una banalización de los delitos contra la propiedad privada en zonas rurales, un tema que mantiene en alerta a las entidades agropecuarias del centro del país.

La respuesta institucional desde la presidencia de comisión

La réplica no tardó en llegar por parte del diputado pampeano Martín Ardohain, quien encabeza la comisión de Agricultura y Ganadería. Con un tono de reproche institucional, el legislador cuestionó la naturalización de este tipo de acciones durante el debate parlamentario.

"Está mal robar, diputada, está mal", le retrucó Ardohain de inmediato, marcando un límite formal a la intervención de su par en el marco del plenario. El cruce sintetizó las tensiones ideológicas y los diferentes puntos de partida conceptuales que atraviesan el debate sobre la seguridad jurídica y el respeto a los bienes en los campos argentinos, en momentos en que el oficialismo y sus aliados buscan endurecer las sanciones contra los delitos rurales.