La escalada de confrontación verbal y física dentro del Parlamento nacional motivó una respuesta formal desde las bancas oficiales. La diputada mendocina Mercedes Llano, integrante del bloque de La Libertad Avanza y representante del Partido Demócrata, formalizó un proyecto de resolución destinado a modificar el reglamento interno de la Cámara de Diputados para aplicar sanciones económicas severas a aquellos legisladores que utilicen insultos, agresiones físicas o expresiones denigrantes durante el desarrollo de las sesiones ordinarias, especiales o en el ámbito de los plenarios de comisiones.
La iniciativa legislativa surge como respuesta directa al deterioro sostenido del decoro institucional y a los recientes episodios de violencia verbal y física que protagonizaron diversos dirigentes en el Palacio Legislativo. La propuesta establece un esquema punitivo graduado según la magnitud de la falta cometida, afectando de manera directa las dietas mensuales de los representantes que incurran en conductas inapropiadas, un ingreso que actualmente supera los seis millones de pesos en el haber básico de la cámara baja.
Un esquema de sanciones económicas directas
De acuerdo con el articulado presentado por la legisladora oficialista, el sistema prevé la suspensión de la dieta por el plazo de un mes para aquellos diputados que emitan insultos, agravios personales o descalificaciones explícitas contra sus pares, autoridades de cuerpo, trabajadores administrativos o invitados que participen de las audiencias públicas. Teniendo en cuenta los montos vigentes, la penalización implica la pérdida total de los haberes correspondientes a ese período, lo que representa un impacto financiero considerable para las arcas personales del legislador sancionado.
En tanto, la propuesta eleva la sanción a una suspensión de la dieta por el plazo de dos meses para los casos que registren reincidencia en la falta, así como también para situaciones más graves que involucren intimidaciones directas, amenazas explícitas o agresiones físicas en los pasillos y recintos. En este escenario de mayor gravedad, la retención económica duplicará los montos, alcanzando cifras cercanas a los trece millones de pesos. Para sortear eventuales objeciones constitucionales vinculadas a la libertad de expresión, los impulsores de la medida se ampararon de forma explícita en el artículo 68 de la Constitución Nacional, aclarando que la normativa protege la inmunidad de opinión y la crítica política, pero delimita una frontera infranqueable frente al agravio personal y la violencia.
Antecedentes de tensión y la pulseada política
El detonante que aceleró la redacción y presentación de este proyecto se vincula directamente con los incidentes ocurridos durante el debate por la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una jornada parlamentaria centrada en la cuestión Malvinas y la protección de recursos estratégicos que quedó eclipsada por los cruces físicos y verbales entre oficialistas y opositores. En aquella oportunidad, un plenario de comisiones derivó en empujones, forcejeos y descalificaciones cruzadas que rápidamente escalaron hacia las plataformas digitales, involucrando a referentes extrapartidarios y al propio presidente Javier Milei en una disputa dialéctica que expuso el nivel de crispación que atraviesa la política argentina.
Desde el espacio impulsor remarcaron que el objetivo central de la medida es devolver el orden y la racionalidad al debate democrático, diferenciando de manera tajante la vehemencia ideológica de la descalificación soez. Con este proyecto sobre la mesa, la Cámara de Diputados deberá discutir no solo el alcance de sus propias normas de convivencia interna, sino también dar una señal a la ciudadanía sobre las responsabilidades éticas y financieras que conlleva ocupar una banca en el Congreso de la Nación.
