La discusión sobre la soberanía territorial y el uso de los recursos naturales sumó un nuevo capítulo en el ámbito legislativo bonaerense. A partir de una iniciativa impulsada por el senador provincial Sergio Berni, se busca establecer un marco regulatorio estricto para limitar la compra y posesión de campos y zonas productivas por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras dentro del territorio de la Provincia de Buenos Aires.

El proyecto surge en un escenario marcado por la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que revocó por cuestiones procesales el fallo que frenaba el artículo del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 mediante el cual el Gobierno nacional derogó la histórica Ley 26.737 de Tierras Rurales. Ante este vacío normativo a nivel federal, la propuesta bonaerense apunta a blindar los recursos estratégicos provinciales amparándose en las autonomías reconocidas por la Constitución Nacional y la Carta Magna provincial.

Las claves de la medida y los nuevos topes

La propuesta, bautizada como “Tutela Estratégica del Territorio Rural Bonaerense”, detalla una serie de restricciones cuantitativas y cualitativas para evitar la concentración de tierras en manos foráneas y proteger áreas consideradas sensibles para la producción local.

  • Tope general: Se fija un límite del 15% de la superficie rural total tanto a nivel provincial como en cada municipio.
  • Límite por nacionalidad: Ninguna nacionalidad extranjera podrá concentrar más del 30% del cupo permitido en cada jurisdicción.
  • Restricción en Zona Núcleo: Se establece un máximo de 1.000 hectáreas por cada titular extranjero en las áreas de mayor rendimiento agrícola.
  • Zonas estratégicas: Se otorga una protección especial a cuencas hídricas, humedales, islas, costas, áreas naturales protegidas y cinturones hortícolas.

En la actualidad, los registros oficiales indican que existen más de 830 mil hectáreas rurales en manos extranjeras en territorio bonaerense, lo que representa un 2,89% del total, aunque con fuertes asimetrías locales donde los porcentajes se elevan drásticamente en distritos industriales y portuarios como Campana y Zárate. Para fiscalizar estas operaciones, el proyecto contempla la creación de un Registro Provincial de Tierras Rurales y mecanismos para rastrear a los beneficiarios finales de sociedades y fondos de inversión.