El programa anunciado por el Ejecutivo nacional para habilitar la obtención de la ciudadanía argentina a extranjeros mediante aportes financieros o la compra de bonos públicos desató un debate técnico y político sobre los alcances jurídicos, la seguridad y el tratamiento tributario de los nuevos naturalizados. La iniciativa, que prevé comenzar a recibir solicitudes en el tramo final de 2026, contempla un desembolso no reembolsable de 350.000 dólares al Tesoro o la suscripción de un título público a tasa cero por 800.000 dólares, además de montos adicionales para el grupo familiar directo.

Mientras la Ley de Ciudadanía sancionada en el siglo XIX vinculaba históricamente la naturalización con actividades productivas, radicación de industrias o desarrollo de infraestructura, el nuevo esquema financiero plantea un cambio de paradigma respaldado por normativas recientes. Ante este escenario, especialistas en comercio internacional y exfuncionarios pusieron bajo la lupa la eficacia de la medida para dinamizar el ingreso de capitales y la necesidad de resguardar el valor internacional del pasaporte argentino frente a posibles vulnerabilidades en los controles.

Voces encontradas sobre el alcance y la seguridad del pasaporte

Para el analista en comercio internacional Marcelo Elizondo, el mecanismo debe interpretarse como una herramienta complementaria dentro de la estrategia oficial, aunque advirtió que no modificará de manera sustancial el flujo global de inversiones extranjeras en el corto plazo. El especialista remarcó que el sistema contempla filtros migratorios obligatorios, por lo que no funcionará como una entrega desregulada de la nacionalidad a cambio de fondos.

El bono es una inversión financiera y la otra alternativa representa un aporte o una cesión directa al Estado, pero el sistema contempla una evaluación rigurosa de los solicitantes y no una concesión automática.

En la misma línea, el exembajador argentino en China, Diego Guelar, respaldó la conveniencia de aplicar mecanismos de atracción de capitales siempre y cuando se sostengan estándares estrictos de fiscalización sobre el origen de los fondos y los antecedentes de los postulantes, con el objetivo de resguardar la reputación del documento de viaje nacional. Por su parte, sectores de la oposición legislativa manifestaron reparos en torno al impacto tributario que la medida podría acarrear, señalando posibles asimetrías con el régimen de residencia fiscal y las normativas de renta mundial para contribuyentes con actividades globales.