Las recientes declaraciones del periodista Mario Massaccesi acerca de la figura de Jorge Rafael Videla encendieron una intensa polémica que trascendió las pantallas de televisión y resonó con fuerza en el ámbito político y social de la región. Durante una participación televisiva, el comunicador deslizó que los grandes asesinos pueden conservar una dimensión humana y adelantó que trabaja en una investigación sobre la intimidad del dictador. La afirmación provocó una ola inmediata de cuestionamientos, especialmente desde los espacios de memoria y derechos humanos, que salieron a marcar los límites éticos indispensables al abordar los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura cívico-militar.

La controversia se originó cuando Massaccesi sugirió que existe un costado íntimo del genocida a partir de testimonios inéditos y afirmó que el mundo se encuentra en su situación actual no por la acción de los villanos, sino por la inacción de los sectores bienintencionados. Este razonamiento fue interpretado por diversos sectores como una peligrosa relativización de las responsabilidades criminales del terrorismo de Estado. Las reacciones no tardaron en multiplicarse y una de las réplicas más firmes provino de la organización H.I.J.O.S. Capital, que recordó enfáticamente que la figura de Videla no admite atenuantes presidenciales y cuestionó la pertinencia de indagar en su vida privada a pocos meses de cumplirse medio siglo del golpe de Estado de 1976.

El impacto de la polémica en el escenario político local y los organismos platenses

El repudio también tuvo un fuerte anclaje en La Plata, donde figuras del activismo local y los derechos humanos expresaron su descontento. Jerónimo Guerrero Iraola, abogado del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de la capital bonaerense, cuestionó públicamente los argumentos del periodista mediante un mensaje en el que contrapuso la supuesta reflexión sobre la bondad con la realidad lacerante de las víctimas del régimen militar. Desde la perspectiva de las entidades platenses, cualquier intento de humanizar a los responsables del terrorismo estatal corre el riesgo de banalizar las consecuencias trágicas que aún marcan el tejido social argentino, desde la persistencia de la búsqueda de nietos apropiados hasta el dolor indeleble de la tortura sistemática.

Ante la magnitud del revuelo generado y el peso de las críticas recibidas, Massaccesi debió salir a aclarar sus dichos en distintos medios radiales. En sus intervenciones posteriores, rechazó de plano la acusación de intentar lavar la imagen del dictador, ratificó que se trató de un asesino confeso y condenó los indultos que en su momento beneficiaron a los jerarcas militares. Pese a estas precisiones y a su defensa del proyecto documental como una pieza de investigación basada en material inédito, el episodio dejó en evidencia la sensibilidad latente que rodea cualquier aproximación narrativa al pasado reciente. A casi cincuenta años del quiebre institucional más sangriento de la historia nacional, el debate sobre cómo relatar a los perpetradores sin desplazar del centro a las víctimas sigue demostrando ser un terreno de extrema delicadeza en la construcción democrática.