El uso de las instalaciones del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa durante la realización del festival Quilmes Rock 2025 generó un fuerte revuelo institucional que derivó en una causa judicial impulsada por los trabajadores. La utilización del predio como estacionamiento masivo no solo encendió las alarmas por la vulneración de normas de seguridad estrictas en un espacio dedicado al desarrollo tecnológico militar, sino que también expuso un manejo irregular de los fondos percibidos y una creciente tensión en torno a las condiciones laborales dentro del organismo nacional.
Alejandro Gallardo, secretario general de la junta interna gremial, detalló que las solicitudes de explicaciones comenzaron en abril del año pasado ante la falta de respuestas formales por parte de la presidencia de la entidad y del Ministerio de Defensa. Ante la ausencia de canales de diálogo institucionales, el sector sindical avanzó con una presentación en la justicia penal que involucra al exministro Luis Petri y a las máximas autoridades del instituto, al considerar que se incurrió en una violación flagrante de los protocolos de resguardo que rigen sobre áreas de acceso restringido y control riguroso de ingreso y egreso.
Vulnerabilidad estratégica y manejo de fondos
El núcleo de la denuncia radica en el peligro latente que implicó el ingreso masivo de miles de vehículos y personas ajenas a la institución a un predio donde se resguarda información clasificada vinculada a la defensa nacional. Desde el sector gremial advirtieron que la permanencia de documentación secreta quedó a merced de circunstancias desreguladas, abriendo la puerta a posibles tareas de inteligencia en un espacio estratégico que requiere condiciones de blindaje institucional muy superiores a las de cualquier dependencia administrativa convencional.
En el plano financiero, la controversia se profundizó al conocerse los montos involucrados en la concesión temporal del predio como playa de estacionamiento. Según los registros aportados por la representación sindical, ingresaron algo más de dos mil cuatrocientos vehículos bajo una tarifa percibida por la institución que ascendió a una suma cercana a los veinticuatro millones de pesos, una cifra que contrasta de manera notable con los valores que se cobraron en la puerta al público asistente al evento masivo.
Lejos de agotarse en este episodio puntual, el conflicto refleja un escenario de deterioro sostenido en la infraestructura, el equipamiento y los niveles salariales que perciben los investigadores y técnicos. Las renuncias y jubilaciones anticipadas se multiplican en un contexto donde los trabajadores denuncian restricciones a la actividad sindical y recortes en los canales de comunicación interna, mientras continúan aportando pruebas a la justicia para esclarecer responsabilidades políticas y administrativas en el manejo de un organismo clave para el desarrollo científico de las fuerzas armadas.
